La organización ilegal vasca ETA se encuentra ante la disyuntiva de dar el primer paso para lograr una salida negociada o resignarse a sufrir un aislamiento social y político cada vez mayor.
Cada día que pasa se produce un nuevo hecho que marca el ritmo de ese aislamiento, iniciado con fuerza a principios de julio. En agosto, una época veraniega nada propicia a las declaraciones políticas, hubo una novedad significativa.
Patxi Zabaleta, portavoz en el parlamento navarro de Herri Batasuna (HB, próxima a ETA), en declaraciones al diario El País dijo que "se dan las circunstancias para una tregua de ETA".
En julio, ETA sufrió dos duras derrotas. Una le fue inflingida por la Guardia Civil (policía militarizada), que descubrió el lugar donde la organización mantuvo secuestrado durante 532 días al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
Las fuerzas de orden público liberaron a Ortega Lara sin disparar un sólo tiro y detuvieron a los cuatro secuestradores.
Como represalia, ETA secuestró a la semana siguiente y mató de un disparo en la nuca al joven concejal Miguel Angel Blanco, desatando una ola de manifestaciones ciudadanas, en su mayoría espontáneas, que repudiaron el hecho y exigieron el fin de la violencia.
En menos de un mes, y en lo que constituye un hecho sin precedentes, se evidenciaron crisis y divisiones entre los presos etarras, que suman 493 y están distribuídos en varias prisiones por toda España.
Al menos 10 presos se pronunciaron públicamente, exigiendo el abandono de las armas. El último en hacerlo, Pablo Gómez Ces, condenado a 61 años de prisión por asesinar a un policía, afirmó que "la lucha armada hoy en día es un anacronismo".
Por ello, dijo Gónez Ces, ETA debe entregar las armas y proclamar "un alto el fuego unilateral, sin condiciones e indefinido".
Durante el gobierno del socialista Felipe González (1983-1996) se acordó una tregua bilateral y se realizaron negociaciones, en Argel, pero sin llegar a ningún acuerdo.
En los últimos meses del gobierno de González, la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, aceptó que el argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, iniciara una mediación.
El gobierno del centroderechista José María Aznar, sucesor de González, mantiene una posición fija: antes de empezar a hablar, ETA debe suspender sus actos violentos, y la negociación será acerca de las condiciones para el abandono de las armas.
La dirección de ETA ha hecho saber, a través de sus habituales comunicados que recoge el diario Egin, que la tregua debe ser bilateral y que la negociación debe tener contenido político.
Las dos posiciones están alejadas y se desconoce si existe alguna mediación en marcha, ya que la de Pérez Esquivel fue descartada por el gobierno. Las razones fueron la negativa a una tregua bilateral y la actuación de Pérez Esquivel, que hizo público lo que se suponía debería ser discreto.
En esas condiciones, de creciente aislamiento social y político, de problemas entre sus presos e incipientes críticas en su entorno, el próximo paso queda en manos de la dirección etarra.
Una respuesta puede ser la declaración de una tregua unilateral, lo que permitiría la reanudación de contactos y negociaciones con el gobierno. La otra, un nuevo atentado o secuestro, que recrudecería el enfrentamiento y alejaría la posibilidad de una salida pacífica. (FIN/IPS/td/ff/ip/97
