El acuerdo de patentes y propiedad intelectual que Ecuador suscribió en 1993 con Estados Unidos será revisado por las autoridades comerciales de este país andino con el fin de asegurar la protección de sus recursos biológicos, se informó hoy.
La decisión del gobierno ecuatoriano responde a la posición que organizaciones indígenas y ambientalistas, que lo denunciaron por considerar que atenta contra los recursos naturales y conocimientos ancestrales de los pueblos autóctonos del país.
La revisión del acuerdo deberá hacerse lo más rápidamente posible, pues Washington amenazó con aplicar sanciones comerciales a partir de septiembre si no existía una resolución definitiva.
"La revisión del acuerdo se hace a regañadientes", pues "las autoridades no están muy convencidas de la importancia de proteger la biodiversidad", dijo a IPS Rodrigo de la Cruz, secretario general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
La Coica, que agrupa a los pueblos indígenas que habitan en los ocho países amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Suriname y Venezuela) manifestó su rechazo a los acuerdos de patentes y propiedad intelectual que los países de la región han suscrito con Estados Unidos y la Unión Europea.
Según la dirigencia indígena, esos convenios han sido utilizados para saquear los bienes culturales y biológicos de su territorio, como la ayahuasca, una bebida alucinógena de carácter ceremonial hecha a base de un bejuco patentado en Estados Unidos por un laboratorio farmacéutico.
El acuerdo con Estados Unidos fue firmado en 1993 por el presidente Sixto Durán Ballén (1992-96), pero tres años más tarde el parlamento decidió rechazarlo al acoger las demandas de indígenas y ambientalistas y en su lugar aprobó una ley protectora de la biodiversidad.
La actuación del Congreso fue considerada como el primer logro del bloque parlamentario indígena Nuevo País-Pachakutik, que en las elecciones de mayo de 1996 se erigió en la cuarta fuerza del país al conseguir ocho escaños parlamentarios (de los 82 disponibles) y 71 dignidades locales y seccionales.
Pachakutik contó con el apoyo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la mayor organización autóctona, que también se opuso al acuerdo bilateral.
Sin embargo, la presión de la embajada de Estados Unidos en Quito, que argumentó inseguridad jurídica para sus inversionistas y violaciones a las leyes internacionales sobre patentes, obligó a que el gobierno ecuatoriano retomara el tema.
Para Antonio Cobo, subsecretario de Industrias del Ministerio de Comercio Exterior, en la revisión que se llevará a cabo con el visto bueno de los diplomáticos estadounidenses se abordará exclusivamente el tema de la protección a la biodiversidad.
Cobo dijo al diario Hoy de Quito que las organizaciones que mantienen una posición contraria al acuerdo serán consultadas directamente para analizar sus demandas, pues "desgraciadamente el acuerdo bilateral se ha politizado".
"Es un tema político y así debe ser entendido", dijo por su parte Valerio Grefa, secretario general de la Coica. "Se trata de un asunto de soberanía, reconocimiento y autodeterminación de nuestros pueblos y nuestros recursos", agregó.
Según Grefa, la Coica y de otras organizaciones indígenas y ambientalistas pretenden que "los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas sean reconocidos como un aporte al progreso de la humanidad". (FIN/IPS/mg/dg/dv-ip/97
