Una movilización nacional de 48 horas que iniciaron hoy organizaciones sociales de Ecuador lideradas por los grupos indígenas marca el fin de un breve acercamiento entre sociedad civil y clase política.
"No estamos de acuerdo en cómo se están llevando las cosas en el país a base de arreglos y componendas políticas", dijo Antonio Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que agrupa a los 10 pueblos autóctonos que habitan en este país andino.
La movilización nacional, promovida por la Conaie, apunta a presionar al gobierno de Fabián Alarcón para que modifique la resolución tomada por el Congreso de aplazar la instalación de una asamblea constituyente para agosto de 1998, cuando asumirá un nuevo gobierno electo en mayo.
La medida, apoyada por organizaciones como el Frente Unico de Trabajadores, el Frente Popular y la Coordinadora de Movimientos Sociales, integrada por unas 300 agrupaciones de mujeres, campesinos, ambientalistas y trabajadores, consiste en la suspensión de labores, el cierre de carreteras y marchas de protesta.
A inicios de este año, esas mismas agrupaciones emprendieron una fuerte campaña de protesta contra el gobierno de Abdalá Bucaram, que concluyeron el 6 de febrero, día en que el presidente fue destituido por el parlamento.
Tras esos hechos surgió la propuesta de convocar a una asamblea que promueva una nueva Constitución o reforme la vigente, que se aprobó en un referéndum en mayo, donde también se ratificó la destitución de Bucaram y la designación de Alarcón como presidente hasta agosto de 1998.
En el referéndum se estableció que el Congreso debía convocar a la Constituyente en un plazo de 60 días a partir de que sus resultados fueran inscritos en el registro oficial.
Sin embargo, el parlamento decidió aplazar su conformación "haciendo eco a la posición de Alarcón", dijo a IPS Iván Narváez, dirigente de la Federación de Trabajadores Petroleros.
"Insistimos en la necesidad de que la asamblea se integre en este año para que concluya sus labores antes de que asuma el nuevo gobierno", pues, de otra manera "la inestabilidad política y social en el país continuará indefinidamente", consideró.
Pero el gobierno consiguió aliarse a las principales fuerzas políticas parlamentarias, como el derechista Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, para aplazar la asamblea, recordó Narváez.
"El gobierno no está dispuesto a que el tema de la Asamblea Constituyente se utilice políticamente", afirmó por su parte Alarcón, al anunciar que el ejército y la policía se mantendrán vigilantes en estos dos días de movilización para asegurar el orden interno.
La Constituyente "es una de las muchas demandas que tenemos. Sabemos que le principal problema es la forma deshonesta en que actúan los políticos ecuatorianos", declaró Vargas.
"Los políticos nos volvieron a engañar en febrero (cuando se realizaron las manifestaciones de protesta contra Bucaram). Pensamos que todo iba a cambiar pero las cosas siguen igual, o tal vez peor", destacó.
Para la dirigencia indígena, la Asamblea es la única oportunidad de incluir en la Constitución los temas por los que han luchado históricamente, como el reconocimiento jurídico de la plurinacionalidad y el derecho a la territorialidad.
"No permitiremos que las alianzas entre el gobierno y los partidos se utilicen para burlarse de la voluntad popular", dijo a su vez Luis Villacis, del Frente Popular.
"En febrero demostramos nuestra capacidad de organización y lo volveremos a hacer porque queremos un cambio real en el país", concluyó. (FIN/IPS/mg/dg/ip/97
