El convenio de cooperación financiera firmado por Perú y Estados Unidos para promover cultivos alternativos a la hoja de coca puede significar un golpe adicional al narcotráfico, afectado por la caída de la producción y de precios de la cocaína.
"Este convenio tiene la importancia estratégica de la oportunidad, pues el cultivo ilegal de coca en Perú está en retirada", destacó Raúl Serrano, experto de Cedro, una organización no gubernamental del área de prevención del consumo de narcóticos.
La eficacia de la represión aérea contra el narcotráfico, que impide el vuelo de las avionetas que transportaban entre una y dos toneladas de pasta básica de cocaína por día, ha generado un exceso de oferta del ilegal producto y una consiguiente caída de precios.
La pasta básica de cocaína, de alta nocividad y consumida por los adictos menos exigentes o más pobres, se vende en Lima a poco más de 10 centavos de dólar el paquete de cuatro gramos.
El ministro de Salud, Marino Costa, que encabeza el Programa Contradrogas, calificó el convenio suscripto el lunes con Estados Unidos de "certificado aprobatorio de la acción del gobierno peruano en la lucha contra el narcotráfico".
"Hemos reducido a 94.400 hectáreas la superficie sembrada de coca", que era de 200.000 hectáreas al fimalizar el mandato del gobierno anterior, en 1990, dijo Costa.
Añadió que el programa de sustitución de cultivos se propone erradicar todos los cultivos ilícitos de coca en menos de 10 años, y sólo subsitirán extensiones adecuadas para el uso legal de la industria farmacéutica.
"Sin embargo, no podemos sentarnos a aplaudir porque cae la exportación ilegal", pues la droga que no sale por los canales del contrabando "trata de encontrar mercado en nuestro propio país", puntualizó.
El convenio firmado por el canciller peruano Eduardo Ferrero y por Donald Boyd, director de la Agencia para el Desarrollo Internacional, de Estados Unidos, aumenta en 12 millones de dolares el aporte de Wasgington a la lucha contra la producción de cocaína en Perú.
Con esa cantidad adicional, la ayuda de Estados Unidos para este año llega a 45 millones de dólares, a los que se sumarán los 14 millones que Perú debe aportar como contrapartida.
La cifra total es considerada insuficiente por algunos expertos independientes, como Serrano y Roger Rumrill.
En su opinión, es necesario invertir no menos de 300 millones de dolares anuales para lograr que los 347.000 campesinos productores de coca se dediquen a otros cultivos, menos redituables.
"No servirá de mucho regalar semillas, difundir paquetes tecnológicos de cultivos alternativos y dar ayuda alimentaria temporal para compensar los menores ingresos de los campesinos. Lo que debe hacer Estados Unidos es garantizar precios rentables para los productos sustitutos", advirtió Rumrill.
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Control de Drogas (UNDCP), la represión efectuada por la Fuerza Aérea Peruana obligó a los narcotraficantes colombianos a reducir sus vuelos ilegales desde la selva peruana.
El mismo informe senala que la acumulación de stocks de hoja de coca que no encuentra comprador indujo a los propios campesinos a procesarla para convertirla en pasta básica de cocaína y a tratar de colocarla por su popia cuenta.
Antes, el campesino vendía la hoja en su propia chacra, hasta donde llegaba el acopiador, que la transformaba en pasta básica y la embarcaba en algún aeropuerto clandestino hacia Colombia. En ese país, el producto se convertía en clorohidrato de cocaína y seguía vuelo a México, puerta de entrada al mercado de Estados Unidos.
El mayor riesgo ha elevado la tarifa de las avionetas que transportan entre una y dos toneladas de pasta básica por vuelo. Los pilotos antes cobraban 50.000 dólares y ahora exigen entre 150.000 y 200.000.
"Ahora, el productor ha aprendido a elaborar la pasta básica y debe sacar él mismo o con sus familias la droga hasta alguna ciudad para encaminarla a Lima. O se desplaza por río durante 10 a 15 días para llegar hasta algún intrincado lugar considerado seguro" por los narcotraficantes, dijo Rumrill.
"El circuito de la droga ha cambiado, hay nuevas rutas, mayores costos y riesgos y menores precios", senaló Humberto Chirinos, experto del UNDCP en Perú.
En la marcha hacia algunas ciudades de la costa, especialmente Lima, los productores que se atreven a burlar los controles en las carreteras contratan "burriers". Se trata de pasajeros de autobús que llevan paquetes de uno o dos kilogramos de pasta básica escondidos entre las ropas o el equipaje.
Otros recurren a desempleados dispuestos a caminar en grupo por senderos montañosos para atravesar la cordillera de los Andes, desde la vertiente oriental, donde está la zona tropical, hasta la costa, portando tres kilogramos de cocaína cada uno.
"La crisis de la coca en nuestro país se debe también al incremento y eficacia de la coordinación de las policías de Perú y Colombia, que han asestado importantes golpes a las organizaciones y capturado a renombrados cabecillas", observó el analista Patricio Rickets. (FIN/IPS/al/ff/ip/97
