El Estado chileno deberá pagar una indemnización equivalente a 600.000 dólares a Carmen Gloria Quintana, quemada por una patrulla militar en 1986, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Con el fallo de la jueza Ana Gajardo parece escribirse la página final de uno de los casos represivos de mayor conmoción mundial durante el régimen de Pinochet, por la crueldad del incidente, que causó también la muerte del joven fotógrafo Rodrigo Rojas.
El abogado Héctor Salazar informó en la noche de este viernes que la magistrada consideró en su sentencia tanto los daños patrimoniales como morales sufridos por Quintana, quien tenía sólo 18 años cuando fue quemada, el 2 de julio de 1986.
Los representantes legales de la demandante habían pedido una indemnización de 650.000 dólares, pero en el juicio no se lograron acreditar los gastos del prolongado tratamiento de recuperación que Quintana debió seguir en Canadá.
El fallo consideró fundamentalmente los daños morales causados a la joven, hoy de 29 años, que vio frustrados sus estudios de ingeniería y otros proyectos personales al resultar quemada en el rostro y en 70 por ciento de su cuerpo.
En diciembre de 1994, Quintana declaró su decepción ante la falta de justicia, cuando la Corte Suprema condenó a sólo 600 días de presidio al capitán del ejército Pedro Fernández Dittus, quien recuperó la libertad en febrero último.
Fernández Dittus tenía el grado de teniente en 1986 y comandaba la patrulla militar que el 2 de julio, en ocasión de una jornada nacional de protesta contra la dictadura, protagonizó el incidente en Santiago con Quintana y Rojas.
Quintana sostuvo que ella y Rojas, de 19 años, fueron detenidos y luego rociados de gasolina por los militares, que les prendieron fuego para luego abandonarlos envueltos en frazadas en un camino de las afueras de la capital.
El joven fotógrafo, hijo de una chilena exiliada en Estados Unidos, sufrió una agonía de cuatro días a consecuencia de las graves quemaduras. Su funeral dio lugar a una masiva manifestación contra la dictadura.
La sentencia contra Fernández Dittus se basó en "cuasidelitos" de lesiones graves a Quintana y de homicidio de Rojas, acogiendo en alguna medida la versión oficial de 1986 de que el fuego se originó en "cócteles molotov" (bombas incendiarias) en poder de la joven.
El abogado Salazar, defensor de la familia Quintana, había solicitado una pena mayor, acusando a Fernández Dittus de homicidio calificado de Rojas y de tentativa de homicidio y lesiones graves contra la estudiante.
En 1992, en el marco de iniciativas de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos, el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) concedió a Quintana una pensión vitalicia de 700 dólares al mes.
La joven, que en esa misma época contrajo matrimonio y es hoy madre de una niña de cuatro años, pudo financiar gracias a esa pensión nuevos estudios universitarios, graduándose de psicóloga.
La jornada de este viernes fue propicia para el abogado Salazar, ya que la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el procesamiento de otro de sus defendidos, el ex fiscal de ese tribunal Marcial García Pica.
García Pica estaba sometido a proceso desde el 9 de julio, bajo cargos de prevaricación, luego de que el Consejo de Defensa del Estado lo acusara de vínculos con Mario Silva Leiva, jefe de la mayor banda de narcotráfico detectada en Chile. (FIN/IPS/ggr/ff/hd/97
