Juristas de los países del Caribe pertenecientes a la Comunidad Británica analizan esta semana en la capital de Trinidad y Tobago los problemas que enfrenta la región en materia de comercio internacional.
Algunos de los desafíos que pretenden resolver están vinculados a los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), descritos por un informe como una "revolución en el marco legal que regula al comercio internacional".
Los asuntos a analizar incluyen la conformidad con los nuevos compromisos internacionales obligatorios, la necesidad de revisar y elaborar nuevamente las leyes nacionales, y la demanda de consejo legal especializado que quizá no exista en algunos países pequeños.
El canciller de Trinidad y Tobago, Ralph Maraj, advirtió que los "múltiples compromisos legales" del nuevo marco comercial internacional "no siempre son compatibles y con frecuencia tienen consecuencias económicas inciertas".
Los países pobres deben equilibrar su desarrollo económico con "los compromisos viables y beneficiosos que surgen de la adhesión a las nuevas normas del comercio multilateral", aconsejó.
"La implementación de las leyes pertinentes a nivel nacional debe reflejar ese equilibrio", sostuvo Maraj.
La Ronda Uruguay de conversaciones sobre el comercio mundial comenzó en ese país sudamericano en 1986 y se convirtió gradualmente a principios de la década de 1990 en una colección de convenciones acordadas entre los países del mundo, producto de siete años de negociaciones.
Este tipo de negociaciones dio origen al establecimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que sustituyó al GATT el 31 de diciembre de 1994.
Pero los países pequeños y pobres sostienen que el espíritu de los nuevos acuerdos no responde a sus necesidades y esperanzas. Maraj afirma que este es un punto por destacar.
"En los años 60 y los 70 las negociaciones comerciales entre los estados ricos y pobres reflejaban la aceptación universal de que, siendo las menos privilegiadas, no se podía esperar que las naciones en desarrollo comerciaran o intercambiaran concesiones en igualdad de condiciones", explicó Maraj.
Pero "la nueva fórmula de las negociaciones es una de uniformidad de tratamiento para todos los estados y de reciprocidad con las normas que gobiernan el comercio, la inversión y las finanzas", señaló.
"En otras palabras, el desafío de todos los países en la actualidad, sea grande o pequeño, rico o pobre, es arreglarse cada uno como pueda", afirmó Maraj.
En el ámbito de la resolución de disputas, por ejemplo, las autoridades consideran que mientras los nuevos procedimientos quizá sean beneficiosos para los países que no poseen poder de negociación, de todas maneras los países en desarrollo tendrán ciertas limitaciones básicas.
Se arguye que el método consensual de toma de decisiones podrá realzar el poder de negociación de los países más pequeños.
Los países menos desarrollados, según la definición de la Organización de Naciones Unidas (ONU), "sólo podrán comprometerse y realizar concesiones de acuerdo con sus necesidades de desarrollo individual, financiero y comercial", estipula el acuerdo de la Ronda Uruguay.
Maraj concuerda en que la Ronda Uruguay incorporó una serie de soluciones para todos los gustos.
"La Ronda Uruguay llamó la atención sobre temas multidisciplinarios como desarrollo sustentable y propiedad intelectual, que implican la definición y vinculación de políticas nacionales integrales sobre crecimiento, industrialización, inversión, tecnología y control ambiental", sostuvo.
"Además, la variedad de temas abiertos a la negociación fue ampliada para incluir políticas que hasta hace poco eran prerrogativa de gobiernos nacionales, como la competencia e inversión", añadió el canciller de Trinidad y Tobago.
"La OMC produjo acuerdos comerciales que son obligatorios legalmente, con una firme posibilidad de que sean aplicados. Estos se convirtieron en los vehículos más importantes para diseminar e implementar políticas económicas y sociales en todo el mundo", destacó Maraj. (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/aq-mj/if/97