La minería artesanal es una actividad creciente en Ecuador, en la que participan unas 50.000 familias, y los daños ambientales y a la salud causadas por ella han experimentado un alarmante aumentado.
Las denuncias sobre la invasión de tierras para la explotación ilegal de posibles yacimientos mineros también aumentan y cada vez hay más personas que ven en la minería una actividad de subsistencia.
El crecimiento de la actividad minera "ha provocado graves problemas sociales, ambientales y de salud", pues "no existe una planificación adecuada para la explotación de los recursos mineros", dijo José Andame, dirigente de la comunidad de Intag, en la provincia de Imbabura, 190 kilómetros al sur de Quito.
En Intag se encuentran unas minas de cobre y molibdeno cuya reciente apertura para la explotación generó la división de la comunidad. Pobladores que se oponen a esta actividad protagonizaron incluso algunas acciones violentas.
En mayo, varios pobladores tomaron las instalaciones mineras de Intag y las incendiaron luego de evacuar a varios trabajadores y expertos de la Cooperación Internacional de Japón, que brindaban asistencia técnica.
Los participantes en esta acción aludieron a la existencia de un informe preliminar sobre impacto ambiental, elaborado por la Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico Minera y Metalúrgica (Codigem), que habría sido ignorado por las autoridades ecuatorianas.
Según este informe, la explotación minera acarrearía deforestación, cambios climáticos, contaminación de agua y aire, por lo que sería necesario reubicar a unas 120 familias.
Esta denuncia fue calificada por las autoridades mineras como "terrorismo verde", debido a varios grupos ambientalistas locales manifestaron su apoyo a las comunidades de Intag.
Pero el problema continúa y tiende a agravarse no sólo en Intag sino en muchas otras regiones del país.
"La minería es una actividad de subsistencia para miles de familias y, a la vez, un riesgo ambiental y sanitario", dijo a IPS Antonio Bermeo, director del Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental (Prodeminca).
"Lo que debemos hacer es reconocer estas realidades y trascenderlas, de manera que nos pongamos a construir soluciones conjuntas", afirmó Bermeo.
Prodeminca es un proyecto interdisciplinario en el que participa el Estado a través de las entidades mineras y universidades, y cuenta con el financiamiento del Banco Mundial y la cooperación técnica de los gobiernos de Gran Bretaña y Suecia.
Entre los objetivos de Prodeminca se encuentra brindar asistencia técnica y capacitación a los sectores que practican la minería artesanal, con una visión integral, según Gothard Walser, especialista del Banco Mundial.
Cursos de administración para el aprovechamiento de los recursos, de salud y preservación ambiental son impartidos por Prodeminca a varias comunidades mineras.
"Se trata de que las comunidades, los mineros, los empresarios, los ambientalistas y las autoridades participen en la búsqueda de soluciones", apuntó Walser, para quien "ya se observa una mayor conciencia y mejoras importantes, basadas en la iniciativa de los sectores involucrados".
Bermeo estima que los problemas continuarán, pues la minería involucra complejos factores sociales y económicos, pero considera que establecer un mecanismo de solución para los conflictos "es un primer paso y muy importante". (FIN/IPS/mg/ag/en-he/97