El presidente Bill Clinton suspendió hoy por tercera vez una disposición de la ley Helms-Burton que permitiría a ciudadanos estadounidenses demandar a compañías de terceros países que lucren con sus bienes confiscados por el régimen socialista de Cuba.
La medida de Clinton enfureció al senador republicano Jesse Helms, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y uno de los autores de la ley, destinada a endurecer las sanciones contra el gobierno del presidente cubano Fidel Castro.
"Estoy consternado por su decisión, que permitirá a compañías extranjeras continuar traficando con bienes estadounidenses impunemente robados y niega a los legítimos propietarios el derecho a procurar judicialmente una compensación de esos traficantes", expresó Helms en carta a Clinton.
Helms agregó que el "Congreso tiene la creciente sospecha" de que la administración de Clinton prometió a la Unión Europea que no aplicaría el Título IV de la ley Helms-Burton, que niega el ingreso a Estados Unidos a ejecutivos extranjeros que tengan negocios en "propiedades estadounidenses robadas" en Cuba.
Según Helms, Clinton adoptó la medida a cambio de la decisión de los líderes europeos de suspender una demanda que habría de presentar ante la Organización Mundial de Comercio.
La medida presidencial se debe al rechazo que la ley generó en los principales socios comerciales estadounidenses en Europa y Canadá.
El subsecretario de Estado, Stuart Eizenstat, defendió la decisión argumentando que la antigua campaña de Estados Unidos contra el líder cubano Fidel Castro "no se fortalecería con demandas judiciales", que podrían rondar las decenas de miles.
"Al menos una decena" de compañías ya se retiraron de propiedades confiscadas en Cuba o se negaron a seguir adelante con sus planes de inversión debido a las sanciones de Washington, una decisión que costó "decenas de millones de dólares" a La Habana, agregó Eizenstat.
Helms presionó a Clinton para que explicara la razón por la cual, desde la promulgación de la ley en marzo de 1996, el Departamento de Estado sólo envió las cartas previstas en el Título IV a ejecutivos de dos compañías, Sherrit, de Canadá, y Grupo Domos, de México.
"Seguramente, tras 16 meses de investigación, su administración habrá hallado suficientes evidencias de que otras compañías de Canadá, América Latina o Europa violaron la ley", dijo Helms.
"¿O es que la administración cree en realidad que Sherrit y Grupo Domos son las únicas compañías que comercian con propiedad estadounidense robada en Cuba?", continuó el senador.
Helms afirmó que es evidente que la compañía de telecomunicaciones italiana STET, socia del Grupo Domos en Cuba, transgrede el Título IV.
El senador destacóó que, a diferencia del Título III, el presidente no tiene autoridad legal para suspender al Título IV. "Es la ley del país y su administración tiene la obligación legal de cumplirla", urgió Helms a Clinton. (FIN/IPS/tra- en/mk/ml-aq/ip/97
