El proceso de paz de Medio Oriente se enfrenta a otra prueba de fuego, señalada por la incierta renovación de la ley que autoriza al gobierno de Estados Unidos a mantener relaciones con la Autoridad Nacional Palestina (ANP)
La llamada Ley para Facilitar la Paz en Medio Oriente (MEPFA), que permite tanto las relaciones diplomáticas como la asistencia de Washington a la ANP, expira el 12 de agosto, y son escasas las posibilidades de que el Congreso la prorrogue antes de entrar en receso el mismo mes.
La expiración de la ley obligaría a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) a cerrar su oficina en Washington y Washington congelaría su ayuda financiera a la ANP.
También podría representar "el fin del proceso de paz", advirtieron dirigentes del bloque del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes.
Muchos legisladores consideran que la ANP no ha cumplido las obligaciones que los acuerdos firmados con Israel le impusieron en materia de seguridad, señalaron fuentes del Congreso.
Mientras, analistas políticos y activistas de derechos humanos advierten que el énfasis puesto en asuntos de seguridad es contraproducente en el caso de las relaciones de Palestina con Israel, ya que agrega presión a una situación ya tensa.
Representantes de la organización Human Rights Watch (HRW) arguyen que, al exigir a la ANP más firmeza en asuntos de seguridad, Estados Unidos promueve el autoritarismo en Cisjordania y Gaza.
El Congreso de Estados Unidos ha cuestionado a la ANP por violación de derechos humanos.
Pero también favoreció abusos de la administración palestina, al apoyar redadas masivas, la actuación de tribunales especiales de seguridad y otras medidas represivas aplicadas en nombre de la seguridad, destacó Joe Stork, del capítulo de Medio Oriente de HRW.
Los tribunales especiales, creados en 1995 con "la aprobación explícita" del gobierno de Estados Unidos, reconocen a los acusados escasos derechos procesales y les niegan el derecho a apelar la sentencia, señaló Stork a IPS.
Estados Unidos también ha sido criticado por avalar el cierre de fronteras con Cisjordania y Gaza dispuesto por Israel tras atentados perpetrados en su territorio por palestinos radicales.
A juicio de organizaciones de derechos humanos, la clausura de fronteras es un modo de castigar a toda la población palestina por hechos cometidos por unos pocos. En efecto, la medida impide a los palestinos trabajar en Israel e interrumpe el flujo comercial entre las dos partes.
Expertos en asuntos económicos advirtieron que el cierre de los pasos fronterizos desestabiliza una economía ya débil y contribuye al clima de frustración e inseguridad en los territorios palestinos.
La MEPFA, promulgada luego de que israelíes y palestinos firmaran en septiembre de 1993 el acuerdo que puso en marcha el proceso de paz, ya fue renovada tres veces por el Congreso.
Pero el clima no es favorable para una nueva renovación. Entre los factores negativos se cuentan la interrupción del diálogo de paz y la detención por fuerzas israelíes de cuatro oficiales de la policía palestina sospechosos de organizar un atentado contra Israel.
Así mismo, la creciente violencia entre israelíes y palestinos perjudica el esfuerzo del Departamento de Estado por certificar que la ANP cumple los acuerdos firmados.
La autorización que la MEPFA concede al presidente Bill Clinton para mantener relaciones con los palestinos y facilitarles ayuda financiera está condicionada al aval del Departamento de Estado de la conducta de la ANP.
Ese condicionamiento se debe a que la OLP, el movimiento político encabezado por el presidente palestino Yasser Arafat, está clasificada como organización terrorista en la legislación estadounidense.
La certificación debe ser renovada cada seis meses, y la última ocasión en que se hizo fue en enero.
Altos funcionarios estadounidenses se manifiestan procupados en privado ante el bloqueo de las fronteras y la expansión de los asentamientos isrealíes en Cisjordania, aunque en público mantienen la amenaza de sanciones políticas y financieras sobre los palestinos.
Los representantes republicanos, encabezados por el presidente de la Cánara, Newt Gingrich, exigieron el endurecimiento de las condiciones para la certificación por el Departamento de Estado de la actuación de la ANP.
Los demócratas John Dingell y Nick Rahall propusieron la extensión de la MEPFA por seis meses, mientras el Congreso y la Casa Blanca negocian modificaciones a esa ley.
"La congelación de las relaciones con la OLP y de una ayuda económica (al gobierno palestino) que resulta indispensable pondrían fin al proceso de paz", advirtieron Dingell y Rahall en una carta a los demás miembros de la Cámara de Representantes.
Casi cuatro años después de la firma del primer acuerdo entre Israel y la OLP, los palestinos deben obtener algún "dividendo de la paz" o recompensa económica, señalaron los dos representantes demócratas.
El desempleo se ha duplicado desde 1993 en Cisjordania y Gaza, el ingreso por habitante se redujo 20 por ciento y también cayó la inversión, según el el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En cambio, Israel logró el levantamiento del embargo económico que varios países le aplicaban para obligarlo a negociar con la OLP, y registró un incremento de 600 por ciento de la inversión privada y de 43 por ciento de sus exportaciones.
Cuatro de cada 10 palestinos en edad de trabajar no tienen empleo, de acuerdo con información de la ANP citada por el FMI.
Muchos más están subempleados. Es decir, su actividad no les permite completar la jornada laboral ni obtener un salario de subsistencia, señaló la economista Jennifer Olmstead, de la Universidad de Michigan.
Un Protocolo sobre Relaciones Económicas acordado en mayo de 1994 compromete a la ANP y al gobierno israelí a respetar "el normal movimiento de mano de obra" entre las dos partes. Pero clausura de las fronteras y las restricciones para el empleo de palestinos en Israel aumentaron desde el año último, debido a los ataques suicidas en territorio israelí.
Israel invocó razones de seguridad para rechazar a trabajadores palestinos e importar mano de obra de reemplazo de de países tan lejanos como Tailandia, observó Olmstead en un informe para el no gubernamental Proyecto de Investigación e Información sobre Medio Oriente, de Washington.
Unos 120.000 palestinos trabajaban en Israel en 1992, el año anterior a la firma del acuerdo para la paz. Antes de que las hostilidades se intensificaran nuevamente en 1996, la cantidad se había reducido a 25.100, sobre una fuerza de trabajo total de 450.000 personas, informó el FMI.
Israel también restringió el movimiento de bienes a través de sus fronteras, con la consiguiente caída de las importaciones y exportaciones de Cisjordania y Gaza. Ese hecho obligó a los empresarios palestinos a limitar su producción, agregó Olmstead. (FIN/IPS/tra-en/aa/ff/ip/97
