El riesgo de conflicto étnico fue neutralizado en Fiji, según creen los dirigentes políticos, al resultar aprobada la reforma de una constitución que postergaba a la mayoría de origen indio.
El líder de la oposición, Jai Ram Reddy, del Partido de la Federación Nacional (NFP), se declaró "muy feliz" a la vista de la votación en el parlamento, que este mes aprobó por unanimidad las reformas propuestas a la constitución de 1990.
El indofijiano Reddy consideraba la constitución un modelo de "apartheid". La distribución de escaños en la Cámara de Diputados establecida en la carta fundamental condenaba a la oposición permanente a los partidos que representan a la etnia india.
El diario Fiji Times publicó en su primera plan una fotografía en que Reddy estrecha la mano a su rival, el primer ministro Sitiveni Rabuka.
El general retirado Rabuka encarceló en 1987 a Reddy, tras derrocar a un gobierno democráticamente elegido y controlado por los partidos de la etnia india, que representa 51 por ciento de la población de Fiji.
Rabuka declaró luego del triunfo del movimiento golpista que su propósito fue devolver el control del país a los fijianos. El régimen impuesto gobernó por decreto durante tres años, hasta la promulgación de la constitución de 1990, que fue rechazada por los indios.
La constitución reservó 37 escaños para los fijianos autóctonos (de origen melanesio), 27 a los indios, que descienden de trabajadores llegados al archipiélago a principios de este siglo, cinco a electores generales (sin distinción de etnia) y una a la minoría ratumana, de ascendencia polinesia.
Las reformas aprobadas reducen diferencias. Los fijianos tendrán asegurados en adelante 23 escaños, 19 los indios y uno los ratumanes, en una Cámara de Diputados de 71 miembros. Las 28 bancas restantes se distribuirán en forma general, sin distinción de grupo étnico.
Así mismo, fue incorporada a la constitución una declaración de derechos.
Reddy destacó que todas los bloques parlamentarios comprendieron la necesidad de "trabajar y seguir adelante juntos".
"Perdimos algunas cosas que nos hubiera gustado mantener, pero también lo hicieron los demás", declaró a su vez Rabuka, líder del Partido Político de Fiji, para tranquilizar a sus seguidores.
Dirigentes indios acusaron en los últimos 10 años a Rabuka de fomentar la tensión racial. Pero el primer ministro se pronunció en abril a favor de la reforma de la constitución, logró el apoyo del Gran Consejo de jefes de Clanes aborígenes y venció la resistencia interna en su partido,
También obtuvo el respaldo de la Iglesia Metodista, la mayor comunidad cristiana de Fiji, con 215.000 feligreses en una población de 770.000 habitantes.
La Iglesia Metodista estuvo vinculada al golpe militar de 1987 y secundó medidas posteriores de restricción de la libertad religiosa encaminadas a marginar a hindúes e islámicos.
Su nuevo presidente, el pastor Ilaitia Tuwere, un teólogo liberal, se enfrentó a la corriente ultranacionalistas de su iglesia y al Partido Político de Fiji, que pretendían convertir el país en un Estado confesional cristiano.
Tuwere sostuvo que el proyecto de crear un Estado confesional, aún cuando fuera cristiano, contrariaba principios cristianos.
"Fiji necesita con urgencia la unidad nacional y el desarrollo, y todos los grupos de poder de nuestra comunidad deben participar. Por ello es que apoyamos la libertad religiosa", explicó.
La constitución reformada también incluye el principio de gobierno multiétnico, que orden al líder del partido mayoritario en el parlamento a invitar a participar en su administración a todos los grupos políticos que obtengan un cantidad prestablecida de escaños.
Esa cláusula no entrará en vigor hasta las elecciones generales de 1999, pero Rabuka anunció que reestructurará su gabinete en cuanto el presidente Ratu Mara promulgue la nueva constitución, para dar cabida a representantes de la oposición.
"La comunidad dio un suspiro colectivo de alivio. La aprobación de la reforma constitucional por unanimidad de votos merece el elogio de todos", declaró el indofijiano Sam Ramon, fundador del Movimiento para la Restauración de la Democracia en Fiji y exiliado en Australia.
Más de 53.000 indofijianos emigraron desde el golpe de Estado de 1987. Muchos se radicaron en Australia y Nueva Zelanda, donde denunciaron a grupos de derechos humanos internacionales y a medios de comunicación el virtual régimen de "apartheid" impuesto en su país.
Ramon declaró a IPS que la comunidad de exiliados espera nuevas medidas de liberalización política antes de volver a su país.
Imrana Jalal, del diario Fiji Tiimes, advirtió a los indofijianos que no deben celebrar en forma prematura.
"Los fijianos autóctonos deben compartir" con los otros grupos étnicos "un trozo más grande del pastel de la economía" y del poder, advirtió Jalal. (FIN/IPS/tra-en/ks/rl/aq-ff/ip/97
