ESPAÑA: ONG dan apoyo crítico a ley de cooperación internacional

La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de España apoya el anteproyecto de ley de cooperación internacional, aunque considera que debe sufrir sustanciales modificaciones en su tramitación.

La vicepresidenta de la Coordinadora, Angeles Yañez, dijo este miércoles a IPS que se hace poco énfasis en el objeto de la cooperación, a la que definió como la promoción del desarrollo humano sostenible y la erradicación de la pobreza, y sigue centrada en los intereses económicos de España.

Así lo expusieron las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el Consejo de Cooperación en el que se valoró el anteproyecto de ley propuesto por el gobierno para regular la cooperación española con los países en vías de desarrollo, cuya aprobación se prevé para fines de este año.

El Consejo, un órgano consultivo, está formado por 13 representantes estatales, seis de las ONG, uno de la Plataforma del 0,7 por ciento (que reclama que se destine a la cooperación este mínimo del producto interno bruto de los países industrializados), además de empresarios, sindicatos y expertos.

El proceso para su aprobación en el parlamento comenzará a partir de septiembre.

Mientras tanto, la Coordinadora de ONG y la Plataforma del 0,7 iniciarán una serie de conversaciones con los grupos parlamentarios para que reflejen estas críticas en sus enmiendas.

La Coordinadora, que se constituyó legalmente el 17 de diciembre de 1986, está integrada en la actualidad por 96 ONG.

Sólo la Plataforma 0,7 votó en contra del anteproyecto y las críticas al contenido del texto realizadas por la Coordinadora de ONG quedaron reflejadas en el dictamen del Consejo.

Para la Coordinadora de las ONG, España dirige más su ayuda a países de renta media y media alta que a los más pobres y las críticas se dirigen sobre todo al papel que se adjudica al Ministerio de Economía en la distribución del presupuesto gurbernamental dedicado a cooperación.

En este sentido, la Coordinadora señaló que se debería reforzar la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, "ampliando su capacidad de gestión y especializando sus recursos humanos en materia de cooperación al desarrollo".

Según el Plan Anual de Cooperación Internacional, en 1996 el presupuesto para la cooperación en España se situó en 0,22 por ciento del producto interno bruto (PIB), aumentando en 1997 hasta 0,24 por ciento.

La Plataforma del 0,7 postula que no se deje ningún fondo a disposición del Ministerio de Economía.

El protagonismo de este Ministerio en la distribución del 56 por ciento de los fondos de cooperación al desarrollo internacional, "lo que significa que la colaboración con los países en vías de desarrollo seguirá respondiendo a intereses comerciales", aseguró.

Yáñez dijo que otra de las lagunas del anteproyecto es la regulación del actual modelo de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (créditos FAD), cuya concesión administra actualmente el Ministerio de Economía.

Los FAD, uno de los temas más criticados por las ONG, están condicionados a la compra de bienes y servicios por el país receptor del crédito.

En 1996, de los 1.065 millones de dólares del presupuesto de cooperación, unos 265 millones se destinaron a los créditos FAD, según Yañez.

La Coordinadora de ONG considera que el objetivo de los FAD en España no es tanto el desarrollo de los países del Sur como la ayuda a la empresa española.

El anteproyecto, cuyo origen se remonta a 1984, fue realizado por los ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía. Las discrepancias en la distribución de competencias entre ellos retrasó la fecha de presentación.

Define la cooperación para el desarrollo como la transferencia de recursos materiales y humanos con el propósito de "impulsar el avance económico y el bienestar social de los países en vías de desarrollo".

Para que estos recursos tengan la consideración de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), los fondos deben provenir del sector público y suministrarse de forma gratuita mediante donaciones, préstamos, o en condiciones financieras más ventajosas que las del mercado.

En el artículo 8 del anteproyecto se indica que la política de cooperación se orientará a través de la cooperación técnica, económica y financiera, ayuda humanitaria (incluyendo operaciones para el mantenimiento de la paz), y programas en España para la promoción de la cooperación Norte-Sur.

Según el texto, se considera áreas geográficas prioritarias a América Latina y otras naciones de ascendencia hispánica, así como los países árabes del norte de Africa y de Medio Oriente. (FIN/IPS/nup/ag/dv/97

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