La posible instalación en el área del canal de Panamá de un centro multinacional contra el narcotráfico en conjunto con Estados Unidos desató protestas de organizaciones políticas y sociales.
La idea, presentada hace poco más de un año por el presidente Ernesto Pérez Balladares, comenzó a tomar forma la semana pasada cuando Panamá y Washington anunciaron en comunicados por separado su decisión de negociar sobre el asunto.
Según la propuesta, Estados Unidos se encargaría de proveer los sofisticados equipos de vigilancia y detección del tráfico de drogas en la región así como de dirigir la parte técnica del centro en coordinación con expertos civiles y militares de los países del área que se sumen a la iniciativa.
La actual base aérea estadounidense de Howard, que revertirá a Panamá el 31 de diciembre de 1999 en virtud de los tratados canaleros de 1977, sería destinada para el comando del centro y las operaciones de los aviones E 3 Sentry (AWACS), equipados con radares giratorios para detectar aeronaves y barcos sospechosos.
Esas tareas vienen siendo realizadas unilateralmente por el ejército de Estados Unidos en Howard desde 1992.
Sin embargo, la permanencia de militares estadounidenses en el área del canal luego de 1999 generó fuertes reacciones en diversos sectores, pese a la promesa de Pérez Balladares de que el centro no será una base militar disfrazada y que estará regido por civiles.
El ex canciller y negociador del tratado canalero, Juan Antonio Tack, indicó que si Panamá y Estados Unidos fundan una asociación de ese tipo violarian el Tratado de Neutralidad del Canal, refrendado por más de 50 países.
Tack dijo que el artículo V del tratado de 1977 "señala que luego de 1999 sólo Panamá manejará la via interoceánica, mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional".
El también ex negociador de los tratados Carlos López Guevara afirmó que el espíritu de los tratados de 1977 era "deshacer el enclave militar que fue la principal causa de conflictos entre Panamá y Estados Unidos a lo largo de toda la historia de las relaciones entre ambos países".
Washington instaló 14 bases militares en Panamá a partir de 1903, luego que el gobierno de la naciente república centroamericana firmó un tratado a perpetuidad para abrir el canal interoceánico por el istmo.
López Guevara duda de que Estados Unidos vaya a cumplir su palabra de no militarizar el centro multinacional antidrogas propuesto por Pérez Balladares.
El dirigente del opositor Partido Demócrata Cristiano Edwin Cabrera se preguntó a su vez por qué Estados Unidos se abstiene de utilizar el ejército para controlar el tráfico de drogas en su territorio "pero quiere que el mismo cumpla esas funciones en otros países".
A su juicio, la permanencia de militares estadounidenses en Panamá bajo el pretexto de la lucha contra la drogas, "tiene el propósito de seguir respaldando el militarismo en América Latina pese a que ya pasó la época de la guerra fria".
"Mientras exista la alianza entre los ejércitos de América Latina y Estados Unidos en función de los intereses de Washington no habrá integración ni consolidación de las democracias en la región", advirtió.
Para el sociólogo Marcos Gandásegui, director del no gubernamental Centro de Estudios Latinoamericanos, el gobierno panameño está torciendo las leyes y la Constitución con el fin de "acomodar los intereses de Estados Unidos" en la región.
Tras recordar que lo que desea Washington es "tener un pie de guerra en Panamá," Gandásegui senaló que la Constitución de este país "dice claramente que Panamá no puede ceder territorio a ninguna potencia extranjera sea para el fin que sea".
Gandásegui no cree en que las afirmacionmes de Pérez Balladares sobre el carácter civil del centro multinacional antidrogas.
"Aunque el término resulta duro no podemos quitarle el uniforme a los soldados norteamericanos asignados al centro, independientemente de su tarea principal", dijo.
El inicio de las negociacion4es bilaterales llevó a su vez a unos 20 grupos populares reunidos en la Organización Contra las Bases Militares a organizar manifestaciones de protesta.
El vocero de ese grupo, el sacerdote Conrado Sanjur, indicó que en los próximos días se convocará "a una serie de protestas y mítines callejeros contra la presencia militar norteamericana encubierta" en Panamá cuando prescriban los tratados canaleros.
El canciller panameño Ricardo Arias defendió por el contrario el derecho del gobierno a negociar fórmulas para la lucha regional contra las drogas y precisó que bajo ningún concepto habrá una base militar extranjera disfrazada luego de 1999.
"Será un centro multilateral regido por una entidad civil, con limitación de las tareas que puede llevar a cabo, y donde el personal uniformado será personal técnico, no de combate", subrayó.
Hasta ahora ningún otro país de la región dio su anuencia para participar en el centro multinacional y se desconoce cuándo y cómo Panamá y Estados Unidos pasarán de las negociaciones bilaterales a las multilaterales. (FIN/IPS/sh/dg/ip/97
