La ley Helms-Burton, que endurece el bloqueo económico contra Cuba, debería ser lanzada al basurero en lugar de enfrentar periódicos aplazamientos de su capítulo más polémico, aseguró hoy la cancillería cubana.
La reacción sucedió al anuncio, este miércoles, de que el presidente estadounidense Bill Clinton decidió suspender por tercera vez el título tres de la legislación aprobada en marzo de 1996.
De acuerdo con esa disposición los ciudadanos estadounidenses podrían iniciar pleitos en tribunales de Estados Unidos contra empresas de terceros países que "trafiquen" con antiguas propiedades estadounidenses en Cuba.
"Lo que resolvería realmente el problema es tirar esa aberración (la ley Helms-Burton) al basurero", afirmó el portavoz de la cancillería Miguel Alfonso.
Alfonso calificó la decisión de Washington como "más de lo mismo" y aclaró que el capítulo tres continúa en vigor, sólo se retarda en seis meses más la aplicación del derecho de acudir a los tribunales.
De acuerdo con la Comisión de Reclamaciones Internacionales de Estados Unidos, están certificadas 5.911 demandas contra Cuba por bienes expropiados, intervenidos o incautados durante el decenio de 1960.
Según informes estadísticos, hasta 1958 las compañías estadounidenses tuvieron en Cuba presencia predominante en la industria azucarera y del níquel, en la generación de electricidad y en las comunicaciones telefónicas.
Del total de las demandas, 5.000 corresponden a particulares y el resto a empresas, entre las cuales la Cuban Electric Co, la International Telephone and Telegraph y la North American Sugar Industries concentran las más importantes.
La ley defiende las antiguas reclamaciones, pero no da respuesta al creciente interés del empresariado estadounidense por renovar los lazos comerciales con la isla y disponer de oportunidades de inversión de capital.
John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, afirmó que para la mayoría de un grupo de 300 empresarios estadounidenses consultados acudir al llamado de la Helms-Burton sólo alargará la posibilidad de satisfacer sus intereses en Cuba.
El consejo es una organización no gubernamental sin fines de lucro, con sede en Estados Unidos, que se dedica a facilitar información sobre Cuba a empresarios de ese país interesados en hacer negocios con la isla.
Fuentes oficiales cubanas insisten en afirmar que, a pesar de los efectos negativos de la ley Helms-Burton, hasta el momento ni una empresa extranjera con negocios en la isla se ha retirado por su causa.
Al mismo tiempo, reconocen el exceso de cautela en buena parte de los socios potenciales, la disminución del ritmo de atracción de capital y el cada vez más difícil acceso a créditos a mediado y largo plazo.
El Ministerio de Inversión Extranjera y Colaboración Económica sostiene que existen en la isla unas 260 asociaciones con capital extranjero, 40 menos que las pronosticadas por los expertos para finales del pasado año.
El vicepresidente Carlos Lage reconoció en abril que entre los primeros efectos de la ley se encontró el retraso del financiamiento externo previsto para garantizar la producción de azúcar de este año.
La zafra azucarera registró una caída de 4,45 millones de toneladas el pasado año a unos 4,2 millones, aunque las cifras oficiales no han sido reveladas.
El caso de la retirada del grupo mexicano Domos del negocio de las telecomunicaciones en Cuba es hasta ahora uno de los más sonados después de la aprobación de la ley Helms-Burton.
Sin embargo, en La Habana se asegura que Domos enfrentó dificultades financieras casi desde el momento en que compró una participación de 49 por ciento en la telefónica cubana ETECSA.
En septiembre de 1995 la firma no cumplió con el último plazo para pagar 300 millones de dólares y desde entonces venía arrastrando la deuda y pagando intereses moratorios, aseguran esas fuentes.
Estados Unidos "concede seis meses más para que el mundo se sienta soberano", pero ello no le resta extraterritorialidad a la ley Helms-Burton, afirmó el portavoz de la cancillería cubana.
El senador republicano Jesse Helms, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo en Estados Unidos que Clinton adoptó la medida a cambio de que la Unión Europea suspenda su demanda contra la ley ante la Organización Mundial de Comercio.
Helms, coautor de la ley junto al senador Dan Burton, dijo que el Congreso tiene la "creciente sospecha" de que el gobierno de Clinton habría prometido también a la UE no aplicar el título IV, que niega el ingreso a ese país de empresarios que trafiquen con antiguas propiedades estadounidenses en la isla.
Cuba sostiene que el proceso de nacionalización realizado en la década de los 60 fue legal de acuerdo al derecho internacional y que la isla logró establecer acuerdos de compensación con varios países, menos con Estados Unidos, que nunca accedió a negociar. (FIN/IPS/da/dg/ip/97) dg/ip/97) = 07171
