La escuela pública argentina, que tuvo un desarrollo temprano dentro de América Latina, enfrenta hoy serios problemas de equidad. El acceso al conocimiento es cada vez más difícil para sus destinatarios tradicionales: los más pobres.
Desde hace un siglo, la escuela primaria es obligatoria en Argentina, según una ley para democratizar el acceso a la enseñanza básica. Pero a fines del siglo XX, comienza a segmentarse nuevamente, marginando a los sectores de menores recursos y reforzando la preparación de los que tienen más.
Argentina destina 3,7 por ciento del producto interno bruto a la educación, aunque la ley reza que debería derivar seis por ciento.
En la capital y el cordón industrial, la matrícula comenzó a declinar a principios de esta década, según un estudio realizado por la investigadora Susana Vior. Al analizar cada barrio, observó que los distritos más pobres concentran el mayor porcentaje de niños que abandonan o nunca van a la escuela.
Los promedios impiden conocer en detalle esta realidad. Las escuelas de Buenos Aires tienen un desempeño mejor que las del resto del país, pero al analizar el interior del distrito surge que hay escuelas distintas para distintos sectores socioeconómicos.
Las mejores escuelas públicas están en los mejores barrios. Por eso, algunos padres de la clase media empobrecida comenzaron a fraguar certificados de domicilio para conseguir una vacante en una escuela que puede quedar a varios kilómetros de su casa.
El sociólogo Emilio Tenti, experto en educación, dijo a IPS que la escuela argentina tiene los problemas de los países pobres – bajos salarios docentes, niños excluidos y bajo presupuesto- combinados con los males de la enseñanza en las sociedades modernas.
"Hay edificios, hay maestros, hay alumnos y se dictan clases. Los números cierran. Los niños se escolarizan, obtienen títulos y diplomas", afirmó el experto, autor del libro "La escuela vacia", editado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
"Pero en la realidad, los alumnos no aprenden, no incorporan saber, ni desarrollan competencias", añadió.
Este problema de calidad de la enseñanza se agrava debido al deterioro del principal recurso del sistema: los maestros.
"Tenemos una deuda histórica con los maestros, que perciben salarios insostenibles, de 250 a 300 dólares mensuales", denunció el sociólogo.
El 2 de abril los maestros comenzaron una huelga de hambre para reclamar mayor presupuesto para la educación y mejores salarios. La protesta, en la que los docentes se van turnando, tiene un altísimo respaldo popular en las encuestas, pero la demanda permanece sin respuesta del gobierno y los legisladores.
La caída del salario deteriora aún más el sistema y lo torna más desigual en la medida en que los mejores maestros se van a las escuelas privadas, donde el salario no es superior pero al menos tienen las condiciones físicas que les permiten trabajar.
"La escuela está acentuando las desigualdades sociales pues los niños con menos recursos están siendo empujados a las peores escuelas, las que tienen los maestros más inexpertos, y las que son descartadas ahora por la clase media", señaló Tenti.
En lugar de invertir más donde más se necesita, el sistema sigue apuntalando la demanda de servicios para la clase media y alta: escuelas privadas de doble escolaridad, bilingües, con talleres de computación, teatro, música y plástica, para quienes pueden pagar entre 350 y 500 dlares mensuales.
Para los que no tienen recursos, está la escuela pública, donde el único servicio extracurricular es el almuerzo, principal atractivo de las instituciones primarias adonde la mayoría de los niños asisten sin útiles, libros, ropa adecuada, y el mínimo de alimentación para poder concentrarse.
Las escuelas públicas se sostienen mediante la cooperadora, la organización de padres que vela por el mantenimiento edilicio. Pero los padres -muchos sin empleo- no cooperan, por lo que se produce un círculo vicioso.
"Es necesario que el sistema educativo introduzca criterios de justicia en la asignación de recursos y que reserve lo mejor para las escuelas a las que van los más pobres", dijo Tenti.
Los maestros con más experiencia deberán trabajar allí, pero ocurre al revés. Sólo los principiantes aceptan esas escuelas.
Como consecuencia de las diferencias crecientes en el nivel de las escuelas, hijos de profesionales, comerciantes o pequeños empresarios, tradicionales clientes de la escuela pública que la elegían por cuestiones culturales, están migrando hacia las instituciones privadas.
"Yo fui toda mi vida a escuela pública y me recibí de psicóloga en la universidad estatal, pero a mi hijo no lo podría mandar a la escuela pública porque eso sería sacrificarlo", dijo a IPS Mercedes Martínez, que con "un gran esfuerzo económico" opta por una escuela privada.
Esta expulsión de sectores medios empobrece a la escuela pública y, por tanto, perjudica a los más pobres, que van quedando allí, sin opción y sin estímulos, comentó Tenti.
Al mismo tiempo, sectores medios empobrecidos como los trabajadores estatales, que antes podían optar entre una escuela pública y una privada, ahora sólo pueden enviar a sus hijos a la primera, aunque sepan que está deteriorada.
"Comencé a mandar a mis hijos a la escuela privada, pero a los dos años no pude pagar las cuotas, así que los puse en la pública", dijo a IPS Ruth Tracktemberg, una bióloga que se formó en instituciones estatales "desde los seis años y hasta hoy" y actualmente realiza un posgrado en enseñanza de la ciencia.
Ahora, sus hijos padecen los males de una escuela que no es lo que era. "El mayor cambió dos veces de maestra en lo que va del año, la directora también cambió", y la que está ahora es resistida por los padres, que la consideran desactualizada.
Graciela Grecco es directora de una escuela pública y siempre trabajó en instituciones del Estado. Pero ahora que tiene hijos pequeños tiene un doble conflicto: por propia experiencia sabe que la escuela pública es un lugar "de contención y no de aprendizaje", pero su salario le impide pagar la privada.
El panorma es de crisis. Los maestros lo expresan en su tienda de campaña levantada frente al Congreso desde hace más de 100 días, con un respaldo popular cercano a 70 por ciento, según las encuestas. (FIN/IPS/mv/ag/ed/97
