El gasto previsto en la campaña para las elecciones parlamentarias de diciembre próximo en Chile es uno de los mayores del mundo en términos relativos y fue calificado de "francamente escandaloso" en un estudio difundido hoy.
La Corporación Tiempo 2000, que dirige el ex ministro democristiano y politólogo Genaro Arriagada, señaló que el gasto en campañas electorales en Chile equivale a 0,072 por ciento del producto interno bruto (PIB).
El porcentaje es muy superior al de los países más ricos, ya que de acuerdo al estudio en Estados Unidos equivale a 0,046 por ciento del PIB y en Japón a 0,066 por ciento.
En términos absolutos, se calcula que la campaña proselitista para los comicios que se celebrarán el 11 o 14 de diciembre tendrá para los partidos y candidatos un costo global de 35 millones de dólares.
La cifra parece irrisoria, pero en Chile, al contrario de otros países, el parlamento es relativamente pequeño, con 120 diputados y 38 senadores de elección popular, sin considerar a los ocho designados.
En los próximos comicios competirán cinco listas y corresponderá renovar la totalidad de la Cámara de Diputados, y la representación de 10 de las 19 circunscripciones senatoriales, con la elección de 20 representantes.
Los mayores desembolsos corresponderán a los candidatos de los dos bloques mayoritarios, la oficialista Concertación por la Democracia, de cuatro partidos, y el opositor Pacto Unión por Chile, de dos colectividades derechistas.
Arriagada advirtió que el cálculo de los 35 millones de dólares corresponde a la llamada propaganda directa en calles y a la compra de espacios publicitarios en prensa escrita y radioemisoras, sin considerar a la televisión.
La propaganda televisiva está limitada a una "franja" o espacio determinado de tiempo que se distribuye entre los partidos según sus porcentajes de votación en anteriores comicios, lo cual favorece a las coaliciones mayoritarias.
Los canales de televisión lograron que los tribunales declararan ilegal el carácter gratuito que tuvo la "franja" en las campañas electorales previas e inmediatamente posteriores al restablecimiento de la democracia en 1990.
Corresponderá, por tanto, que las estaciones televisivas fijen tarifas para los espacios que deben conceder a los partidos, lo cual aumentará sustantivamente el gasto electoral.
Arriagada advirtió que lo grave no es sólo que Chile gaste más que Japón o Estados Unidos en la conquista de votos, sino que, al contrario de lo que ocurre en esos países, los fondos que aquí se destinan a esos efectos son "clandestinos".
Ello es así porque el país carece de una ley que regule los gastos en campañas electorales y establezca fórmulas regulares de financiamiento de los partidos, lo cual impide controles específicos del dinero destinado a las campañas.
Tanto el anterior gobierno de Patricio Aylwin (1990-94) como el actual de Eduardo Frei intentaron promover leyes de financiamiento fiscal a los partidos para dar transparencia al gasto en campañas electorales.
El último intento al respecto fracasó en mayo, cuando se frustró una negociación del gobierno con el Partido Renovación Nacional (PRN), el mayor del pacto opositor derechista.
El proyecto que se planteó en esa oportunidad proponía una subvención estatal del orden de los dos dólares a los partidos por cada voto obtenido, de los cuales 1,5 dólares se destinarían al respectivo candidato y el resto a su colectividad.
Las campañas políticas se financian en Chile con recursos que destinan los partidos y aportes de los propios candidatos, pero los montos mayores provienen de "cajas" que se montan a través de donaciones empresariales.
Los comunistas y otras agrupaciones de la izquierda extraparlamentaria están obviamente excluídos de la ayuda de empresas y hombres de negocios, que apuestan a las coaliciones mayoritarias y, sobre todo, a la derecha.
En las elecciones legislativas de diciembre de 1993 el mayor gasto correspondió a las campañas del entonces presidente del PRN, Andrés Allamand, y de Carlos Bombal, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI).
Ambos triunfaron en el mismo distrito de diputados, correspondiente a tres municipios santiaguinos de altos ingresos (Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea), con campañas en que cada uno gastó más de un millón de dólares.
En las próximas elecciones, Allamand y Bombal postulan como senadores en la circunscripción de Santiago-Oriente, donde es prácticamente imposible que triunfen los dos, ya que la coalición oficialista tiene votos suficientes para elegir allí un representante.
El más serio competidor de ambos es el ex ministro y ex presidente del Partido Demócrata Cristiano, Alejandro Foxley, quien gastaría entre un millón y 1,5 millones de dólares en su campaña, según estimaciones en fuentes de su organización.
El "escandaloso" gasto en las competencias electorales es un potencial factor de corrupción, según analistas políticos, porque ata a los parlamentarios a los grupos empresariales que financian sus campañas.
Una Comisión de Probidad y Etica Pública, llamada también de lucha contra la corrupción, designada por Frei en 1994 a comienzos de su mandato, hizo una serie de recomendaciones relativas a las relaciones de funcionarios de gobierno y parlamentarios con los poderes económicos.
Las normas sugeridas por la comisión han quedado prácticamente sepultadas y ninguna se traduce hasta ahora en ley. (FIN/IPS/ggr/ag/ip/97
