Los proyectos comunes entre medios universitarios y productivos y el apoyo estatal son indispensables para fomentar la innovación científica y tecnológica en América Latina.
Esas fueron las conclusiones de un seminario regional de evaluación de programas en ciencia y tecnología realizado en Montevideo y que reunió a investigadores, empresarios y funcionarios internacionales de varios países del continente.
El encuentro, llevado a cabo entre los días 23 y 26, se abocó en particular a analizar el funcionamiento de los programas de apoyo al desarrollo de la ciencia y tecnología que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contribuye a financiar en América Latina.
Por lo general, esos proyectos reciben 70 por ciento de los fondos que manejan del Banco y el 30 por ciento restante de contrapartidas nacionales.
Según dijo en el seminario Claes Sandgren, de la agencia sueca de cooperación Sarec, las pasantías de científicos en las empresas (por un mínimo de seis meses) y, recíprocamente, la instalación de empresarios en las universidades constituyen la manera más eficaz de impulsar la innovación.
"Hay que crear una sinergia entre la academia y el sector productivo, sin la cual unos y otros trabajan por su lado, ignorándose, desperdiciando esfuerzos y fondos", señaló en el seminario un investigador chileno.
En el encuentro también se destacó la necesidad de que los Estados adopten una política concreta de ciencia y tecnología, tendiente a crear "sistemas nacionales de innovación", según la definición manejada por la ingeniera uruguaya Judith Sutz.
No obstante, en Montevideo pudieron apreciarse las diferencias existentes entre las políticas adoptadas por los distintos países latinoamericanos, incluso en el aprovechamiento de los recursos otorgados por el BID.
De acuerdo a lo que constató Johan Svenningsson, otro especialista de la Sarec, mientras en Costa Rica o Chile el Estado juega un papel importante destinando fondos propios considerables al impulso de la ciencia y tecnología, en Uruguay los poderes públicos brillan por su ausencia en esta materia.
En Costa Rica, 1,3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) es consagrado a investigación científica, contra apenas 0,3 en Uruguay.
En Brasil, el Estado participa a la misma altura que el BID en un programa de desarrollo científico y tecnológico que movilizó un total de 200 millones de dólares.
Respecto a Uruguay, los dos expertos suecos destacaron pese a todo el nivel de los científicos e importantes pasos adelante permitidos por el Consejo de Ciencia y Tecnología (Conicyt), financiado parcialmente por el BID.
Sin embargo, insistieron en la ausencia del Estado en este tema, "un grave problema que se planteará de cara al futuro", y el escaso interés manifestado por el sector privado en invertir en investigación y desarrollo (IyD).
En Chile, en cambio, "el gobierno ha mantenido el esfuerzo en el desarrollo de políticas en ciencia y tecnología con fondos nacionales", al tiempo que en el empresariado se ha constatado una voluntad de invertir en proyectos de IyD.
De acuerdo a un informe presentado en el seminario de Montevideo por el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef), en Chile la participación de las empresas en el financiamiento de IyD pasó de cinco por ciento en 1980 a más de 25 el año pasado.
Paralelamente, el Estado bajó su participación de más de 90 por ciento a menos de 70 en el período considerado.
La evolución en la materia se produjo, según el estudio, gracias a la creación de dos instrumentos: el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (Fontec) y el propio Fondef.
El Fontec tiene como misión "incentivar la innovación tecnológica en las empresas", al tiempo que el Fondef apunta a "aprovechar la capacidad científica y tecnológica disponible en el país para mejorar la competitividad de las empresas mediante su vinculación".
Se generó así, de acuerdo al informe, una masa crítica de recursos en áreas de IyD con impacto económico, algo que, por ejemplo, no se pudo conseguir en Uruguay.
En ese último país, los expertos del BID subrayaron las insuficiencias existentes en la investigación en ciencias aplicadas y la escasa relación entre universidad y sector productivo.
Sólo 14 de los 180 proyectos presentados entre 1993 y 1996 al Conicyt provinieron de las empresas, a través del Fondo de Innovación Tecnológica, indicaron.
"El desarrollo en ciencia y tecnología es posible en América Latina, a condición de que haya voluntad en ese sentido desde el poder político, la universidad y las empresas y que entre esos tres vértices se establezcan puentes", indicó Judith Sutz. (FIN/IPS/dg/ag/if-ct/97)
