El Dorado existe, y en Venezuela, cuyas entrañas guardan entre 8.000 y 12.000 toneladas de reservas de oro, pero esa larga veta se torna a menudo inasible para la fiebre aurífera de fin de siglo, con prolongadas polémicas suscitadas por su exploración y explotación.
Sobre las mismas selvas que hace 400 años el aventurero inglés Walter Raleigh recorrió buscando el mítico El Dorado, combaten ahora compañías canadienses y corporaciones locales, autoridades venezolanas y militantes ambientales.
En la Sierra Imataca, cinturón de rocas verdes en el extremo oriental de Venezuela, al sur del delta del río Orinoco y desde 1961 una reserva forestal de 3,2 millones de hectáreas, el gobierno desafectó en mayo de ese régimen, para permitir explotaciones mineras y madereras, 1,3 millones de hectáreas.
Más al sur, en la mítica Guayana, la más grande mina de oro, Las Cristinas, con 7,7 millones de onzas del precioso metal y preparada para un desarrollo de 567 millones de dólares, es objeto de un pleito judicial entre las firmas canadienses Placer Dome y Crystallex.
Respecto de Imataca, dos ex líderes socialistas, el ministro de Planificación Teodoro Petkoff y el consultor Américo Martín, defienden la prospección y concesiones mineras con vistas a "un desarrollo económico sustentable", colocando en cabeza a las corporaciones trasnacionales de la gran minería.
Pero el ambientalista Alexander Luzardo, presidente del Colegio de Sociólogos de Venezuela, anunció este lunes que demandará incluso penalmente al gobierno, al que acusa de "ignorante que maneja la apertura económica desconociendo que la globalización también incluye las normas ambientales".
Venezuela produce cerca de 20 toneladas de oro al año. Un volumen apenas estimado se explota ilegalmente y va al exterior sin registro en el Banco Central (emisor y de reserva), por obra de pequeños mineros informales y por la omisión de leyes y medidas de control, que dejaron en un limbo la regulación.
"Necesitamos una ley de minas moderna, que impulse el desarrollo del sector", clamó Miguel de la Campa, presidente de la Asociación Venezolana del Oro, mientras el presidente de la Cámara de Minería, Pedro Tinoco, cesó de quebrar lanzas contra el gobierno de Rafael Caldera al producirse el decreto de mayo.
Martín, quien asesoró a Petkoff, admitió que "si se entregara en Imataca a la minería 1,3 millones de hectáreas Venezuela sería un país muy rico pero con un desastre ecológico infernal", y esgrimió estudios de ingeniería para mostrar la modestia de las explotaciones previsibles.
"Estadísticas mundiales dan cuenta que de cada 100 concesiones mineras apenas tres se convierten en proyectos. Las 480 concesiones entregadas por el Estado apenas dejarían 14 minas. El impacto ambiental no pasaría de 35 a 40 hectáreas, o el uno por mil de la superficie concedida", argumentó.
Ello porque "el recurso aurífero por lo general ocupa entre 800 y 1.000 metros de largo por 400 a 500 de ancho. El escándalo suscitado por el decreto que extiende el uso a la minería industrial no pasa de ser una falacia", aseveró.
La firma de ingeniería Terramar estimó que para obtener 35 toneladas de oro se afectarían 400 hectáreas. Ello porque cabrían unos tres proyectos de gran minería con 15 de la intermedia y mediana, 17 de pequena minería y 17 de cooperativas de pequeños mineros, dijo Martín.
Esas cifras, más 500 hectáreas en Las Cristinas y otros proyectos, pueden producir 50 toneladas anuales de oro, la meta del gobierno a partir de 1998, y hasta incorporar unos 2.000 millones de dólares en ingresos al país, cifra equivalente a 10 por ciento de las exportacones actuales.
Pero Luzardo sostuvo que "la experiencia ha demostrado que en la etapa exploratoria se arrasa con el bosque. Está en peligro el potencial hídrico de la zona. Y si los cálculos de crear miles de empleos resultan ciertos, se desataría un incontenible proceso migratorio con impacto en la seguridad del estado".
"No puede haber minería en zonas de alta biodiversidad con especies únicas (Luzardo mencionó 10) para favorecer un modelo extractivista primario exportador. Al final, más importantes que el oro son la biodiversidad y el agua, quizás a causa de las cuales sean las guerras del futuro", dijo el sociólogo.
La polémica está lejos de ser la única por el amarillo metal. Por la concesión de Las Cristinas chocan Crystallex, que esgrime títulos como heredera de Inversora Mael, y Placer Dome, que pactó la explotación en una asociación 70-30 con la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
El litigio, que llegó a la Corte Suprema de Justicia, se originó en el cambio oficial de los regímenes de concesiones para ir hace dos años a la sociedad Placer Dome-CVG. Están presentes elementos de la historia romántica de Guayana.
En la zona se encuentra la catarata más alta del mundo, el Salto Angel, descubierto hace 60 años, desde su pequeño avión, por el aviador estadounidense Jimmy Angel.
A cambio de que Angel dejase en la zona, como recuerdo de su aventura trocada en atracción turística, el avión desde el que avistó el portento natural, el Estado dejó, para su viuda Dot Culver, la concesión sobre el área más rica de Las Cristinas.
Culver vendió hace años la concesión, que fue a manos de Inversora Mael, y ahora Crystallex demanda sus derechos, que desea traducir en co-explotación, rehusada por Placer-CVG.
La demora ha afectado a Placer Dome, que alega inversiones efectuadas en área por 60 millones de dólares, y requiere la mina para apuntalar sus cuentas, pues represanta un cuarto de las reservas bajo su control en el mundo.
Placer Dome ya aplazó solicitudes de créditos a bancos por 258 millones de dólares con destino al proyecto, y el valor de sus acciones en la bolsa de Nueva York, sobre los 22 dólares en febrero, se encontraba en 19 dólares al cierre del viernes. FIN/IPS/jm/dg/if/9
