Malasia, que carga el estigma de la corrupción, lanzó una campaña de limpieza de su imagen que ya ha costado el cargo a funcionarios cercanos al poder.
Pero los analistas dudan que la campaña sea efectiva, ya que las medidas utilizadas para luchar contra la corrupción no bastan para atrapar a las presas mayores.
Las últimas víctimas de la ofensiva fueron la viceministra de Industrias Primarias, Siti Zainab Abu Bakar, y la senadora Habshah Othman. Ambas eran importantes figuras del ala femenina de la gobernantes Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO).
Zainab y Habshah fueron acusadas por autoridades del partido elegidas en octubre, que descubrieron la falta de 450.000 dólares de la cuenta del ala femenina, y desalojadas de la dirección de la UMNO.
La primera también perdió su puesto de viceministra, pero conserva su escaño en la Cámara de Representantes, y la segunda permanece en el Senado.
El primer ministro interino Anwar Ibrahim afirmó que las dos mujeres son responsables de transferencia ilegal de fondos y de cerrar la cuenta del ala femenina del partido. "Aunque gran parte de los recursos fueron devueltos, decidimos suspenderlas inmediatamente".
"No defenderemos a los corruptos. De otra manera, el pueblo pensará que los protegemos", observó el primer ministro Mahathir Mohamad, en licencia por dos meses de sus funciones.
Dos días antes de resolverse la sanción a Zainab y Habshah, un antiguo funcionario del estado de Malaca fue acusado de corrupción.
Sahar Arpan, secretario del UMNO en Malacca, había cesado una semana antes como consejero ejecutivo de la gobernación de Malaca, debido a una reestructuración del gabinete del estado.
Arpan no es el único funcionario de Malaca en problemas. Azma Abdul Ghani, secretario especial del ex jefe de gobierno del mismo estado, fue procesado también por corrupción.
Ghani habría aceptado el obsequio de un automóvil Mercedes Benz, por valor de 50.000 dólares, a cambio de favorecer a un empresario inmobiliario.
La ofensiva contra la corrupción fue desencadenada por el escándalo que rodeó la renuncia de Muhammad Muhammad Taib a la jefatura del gobierno del estado de Selangor.
Taib dimitió al ser acusado en Australia de intentar sacar 990.000 dólares del país sin la declararlo a las autoridades cambiarias, y en agosto deberá comparecer ante el juez.
El mismo día en que Zainab fue destituida del partido, la Agencia de Anticorrupción (ACA) anunció que el gabinete había aceptado su propuesta para aumentar las penas de los convictos por corrupción.
El proyecto de ley determina una pena máxima de prisión de 10 años y una multa que puede llegar a 25.000 dólares. "Pensamos que las penas actuales son anticuadas e inadecuadas", explicó a la prensa Shafee Yahaya, director de la agencia.
"Es tiempo de actuar. Le pedimos a la ACA que profundice las investigaciones", advirtió el primer ministro interino Anwar Ibrahim.
Anwar también ordenó a los consejeros ejecutivos de los estados que declaren su patrimonio a la ACA. La declaración será recibida por los jefes de gobierno, y éstos, a su vez, deben efectuar su declaración frente al primer ministro, explicó Anwar.
Para P. Ramakrishnan, presidente del movimiento de reforma social Aliran, las medidas tomadas no son suficientes. "La práctica actual sólo fomenta el nepotismo", afirmó.
La corrupción afecta a todos y "el público tiene un papel que cumplir para eliminar esta plaga", agregó.
Ramakrishnan y otros activistas exigieron que las autoridades electas declaren públicamente su patrimonio, para que el público pueda alertar a la ACA en caso de sospecha de acumulación irregular de activos.
"El primer ministro no debe estar exento de declarar su patrimonio al público", insistió Ramakrishnan. Los activistas pretenden que la ACA se constituya en organismo autónomo y que sólo responda ante el Parlamento.
"¿Por qué sólo el primer ministro debe tener el privilegio de recibir esta información y a quién perjudicaría que la misma se hiciera pública", preguntó Ramakrishnan.
La declaración jurada también debe incluir el patrimonio del cónyuge, los hijos y otros familiares cercanos de los funcionarios electos, según la propuesta de Aliran. (FIN/IPS/tra-en/ann/js/aq- ff/dv/97
