Los activistas a favor del desarme aclaman dos grandes avances registrados en el Congreso de Estados Unidos en los últimos días, referentes a la venta de armas y a la utilización de minas de tierra.
El primero fue la aprobación en la Cámara de Representantes de un "código de conducta" sobre venta de armas, el cual fue anexado al proyecto que autoriza el presupuesto del Departamento de Estado para el próximo año.
Si es aprobada por el Senado, la enmienda hará mucho más difícil a los fabricantes estadounidenses de armas la venta de sus productos a gobiernos extranjeros que no fueron electos democráticamente o que no respetan los derechos humanos básicos.
La segunda medida que alegró a los activistas fue la introducción, el jueves, de una nueva iniciativa legislativa que prohibiría al Pentágono (Departamento de Defensa) la utilización de minas antipersonales para el año 2000.
El proyecto sobre minas, ya aprobado por más de la mitad del Senado, seguramente agregará presión sobre el presidente Bill Clinton para que se adhiera a una campaña encabezada por Canadá para volver ilegal la producción, exportación y uso de esas armas para fin de año.
"El enorme apoyo bipartidario al proyecto indica claramente que el Congreso rechaza la lentitud del gobierno en este asunto", manifestó Stephen Goose, analista de Human Rights Watch y presidente de la Campaña Estadounidense para la Prohibición de las Minas de Tierra, una coalición de grupos pacifistas, de derechos humanos e iglesias.
"El presidente Clinton debería escuchar al Congreso, la ciudadanía, nuestros principales aliados extranjeros y los cientos de miles de víctimas de las minas en todo el mundo, todos los cuales apoyan el plazo de diciembre de 1997", exhortó.
Ambas iniciativas marcan un gran éxito para un movimiento a favor del desarme que, pese al control republicano del Congreso, parece haber ganado fuerza en los últimos años.
Tradicionalmente, los republicanos se han adherido a los dictámenes del Pentágono, que se opone a ambas medidas.
Más de 100 organizaciones no gubernamentales estadounidenses y casi 250 grupos internacionales, incluida Amnistía Internacional, respaldaron el código de conducta, que fue introducido por primera vez tras el fin de la guerra fría, a comienzos de los años 90.
Hasta ahora, sin embargo, el código nunca había logrado el apoyo de la mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso.
Los fabricantes estadounidenses de armas, que actualmente dominan el mercado internacional, vendieron el año pasado casi 14.000 millones de dólares en equipos militares a países extranjeros.
Desde el fin de la guerra fría, los fabricantes nacionales obtuvieron más ganancias de la venta de armas a países en desarrollo que todos sus competidores extranjeros combinados, de acuerdo con recientes informes.
Clinton se opuso a los esfuerzos por aprobar el código, pese a la conclusión de la propia Junta Asesora Presidencial el año pasado de que "la proliferación no regulada de armas convencionales… puede debilitar drásticamente la seguridad regional y por lo tanto la nacional".
Tal como fue presentado originalmente, el código prohíbe la venta o transferencia de armas fabricadas en Estados Unidos a gobiernos que no fueron electos democráticamente o que no respetan los derechos humanos básicos.
Así mismo, exige a los gobiernos receptores que renuncien al uso ilegal de la fuerza y se inscriban en el Registro de Armas de la Organización de las Naciones Unidas, que controla los inventarios de armas de todo el mundo.
El código, que fue aprobado el mes último por el ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y otros 14 laureados con el Premio Nobel de la Paz, también exige al presidente de Estados Unidos que certifique cada año a los países elegibles para recibir armas estadounidenses.
Sin embargo, cualquier país que no esté incluido en la lista podrá recibir armas si el presidente solicita una excepción y ambas cámaras del Congreso aprueban la venta.
Si la prohibición de la venta de armas a gobiernos antidemocráticos se hubiera aplicado el pasado año, 84 por ciento de las ventas -especialmente a aliados de Estados Unidos en Medio Oriente- no se hubieran realizado, destacó Caleb Rossiter, líder del grupo Desmilitarización por un Proyecto Democrático.
Pese a una intensa campaña contra el código por parte de los fabricantes de armas, la medida fue aprobada por votación pública. Ningún político se expresó contra el código durante el debate.
Pero los activistas enfrentarán una batalla mucho más difícil en el Senado, donde los enemigos del código concentraron sus esfuerzos. El año pasado, la versión original fue rechazada en la cámara alta por 65 votos contra 35.
Por otra parte, la introducción por el senador demócrata Patrick Leahy y el senador republicano Chuck Hagel de un proyecto para prohibir el despliegue de minas estadounidenses marca una escalada de presión sobre la Casa Blanca para incorporarse al esfuerzo de Canadá hacia una convención internacional que prohíba totalmente esas armas para diciembre.
Para decepción de los enemigos de las minas de tierra, Clinton complació a la jerarquía militar al anunciar en enero que Washington intentaría concretar un tratado mundial sobre minas de tierra mediante la Conferencia sobre Desarme de Ginebra, en lugar de unirse al esfuerzo de Canadá.
La mayoría de los activistas consideran que el proceso de Ginebra es demasiado lento, particularmente dada la capacidad de países como China o Rusia de vetar medidas con las que no concuerdan.
El proceso de Ginebra "requiere un consenso paso por paso", señaló Leahy, quien insistió en que Ottawa ofrece una vía mucho más rápida hacia un acuerdo internacional.
Clinton envió funcionarios de gobierno esta semana a reunirse con sus homólogos en Canadá para determinar si Washington se unirá al proceso.
Según el proyecto presentado el jueves, las minas antitanques y las minas antipersonales de fabricación estadounidense ya existentes estarían exentas de la prohibición propuesta.
Además, la prohibición se postergaría en el caso de la península de Corea, la última frontera de la guerra fría altamente militarizada y patrullada por tropas estadounidenses.
Se prevé que un proyecto similar, que hasta el momento fue aprobado por 164 de 435 legisladores, será introducido en la Cámara de Representantes la próxima semana. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/ml/ip/97
