La lucha antidrogas en América parecería diseñada por adictos al fracaso, según expertos y políticos mexicanos, aunque algunos opinan que sólo sirve de ariete al intervencionismo de Estados Unidos.
En México, que en febrero superó con dificultades la prueba de la "certificación" anual que sobre el tema extiende el Congreso estadounidense a los países latinoamericanos, el debate sobre la responsabilidad compartida en el problema sigue vivo.
El ex canciller mexicano y actual presidente de la comisión de relaciones exteriores del Senado, Fernando Solana, declaró a la prensa esta semana que "la guerra contra el narcotráfico se está perdiendo desde hace años a nivel mundial y en especial en América".
Solana dijo que la causa fundamental del fracaso consiste en la falta de una coordinación adecuada a nivel internacional para combatir el negocio de las drogas en todas sus fases.
Afirmó que el motor del narcotráfico es la demanda de estupefacientes y que según la Organización de las Naciones Unidas unos 30 millones de estadounidenses, adictos en diverso grado, gastan 150 millones de dólares anuales en su consumo.
"El 85 por ciento de lo que reditúa la droga en Estados Unidos se maneja dentro de su territorio", precisó.
Teniendo en cuenta esta circunstancia, sostuvo que "es más barato combatir la droga con educación y proyectos de salud que atacando la producción y el tráfico proveniente de afuera".
Según Solana "en el mundo financiero estadounidense se maneja más de un billón de dólares al día, o sea un millón de millones, lo que facilita el lavado de dinero del narcotráfico".
Estimaciones extraoficiales de expertos en el tema señalaron los últimos años que en México se moviliza anualmente una suma equivalente a 30.000 millones de dólares relacionados con el negocio de la droga.
Solana aseguró que la guerra al narcotráfico está afectando la estabilidad y la seguridad en muchos países, por lo que resulta estratégica la Cumbre Mundial Antidrogas programada para 1998 a iniciativa, entre otros gobiernos, del mexicano.
Adujo que en la reciente reunión de los parlamentos europeo y latinoamericano realizada en Caracas se analizó a fondo el nexo entre narcotráfico y corrupción.
Allí hubo coincidencia general en que urge fortalecer la cooperación en la materia y en que las prácticas de certificación sobre la conducta de terceros países son contrarias a las normas de convivencia internacional.
Informes de agencias estadounidenses revelaron en abril que sembrar, cultivar, procesar y transportar a través de las fronteras la droga cuesta menos de 15 por ciento del monto total que representa el comercio de narcóticos.
A su vez el antropólogo social Eduardo Menéndez dijo a IPS que el prohibicionismo en materia de estupefacientes, como el que pretendió erradicar el alcohol en Estados Unidos durante la tercera década del siglo, "no puede tener éxito".
"Mientras haya demanda solvente, aunque sea ilícita, para pagar los altísimos precios, habrá quienes se las ingenien para satisfacerla y obtener el consiguiente poder económico y político", subrayó.
A juicio de Menéndez, experto del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la ilegalidad de las drogas incrementa la magnitud, los recursos y la penetración de los cárteles en los aparatos institucionales.
Sostuvo que el daño producido por el problema se potencia enormemente a causa de todo el ámbito delictivo creado a su alrededor a causa de la penalización del consumo y del negocio.
Menéndez puso el acento en que la mayoría de los millones de personas detenidas y condenadas por narcotráfico son simples intermediarios o vendedores y quienes realmente dirigen el negocio casi nunca son alcanzados por la ley.
Francisco González de Cossío, ex cónsul mexicano en Houston, Estados Unidos, sostuvo en un artículo que acaba de publicar la revista mensual Nexos que la historia demostró la imposibilidad de eliminar el consumo y la producción de sustancias sicotrópicas.
A su juicio la ancestral afición humana a sustancias alteradoras de la mente se puede reducir con base en la educación y en programas preventivos pero sobre todo descriminalizando, pues ello disminuiría el incentivo económico de la oferta.
González de Cossío subrayó que el problema se puede atenuar o reducir pero no eliminar, como lo revela la persistencia y amplitud de los daños producidos por el alcohol y el tabaco.
Citó al respecto estadísticas oficiales según las cuales mueren anualmente a causa del alcoholismo y el tabaquismo más de medio millón de estadounidenses y sólo 4.500 por consumo de estupefacientes. (FIN/IPS/emv/dg/ip-he/97
