Los parlamentos de Europa y América Latina apoyan la creación y el fortalecimiento de estructuras supranacionales contra el narcotráfico, pero reprueban el mecanismo de "certificación" aplicado por Estados Unidos.
"Droga y corrupción deben ser una prioridad de la agenda interregional, ya que son determinantes de las distorsiones en la vida social y económica" de las democracias en ambas riberas del Atlántico, declaró en Caracas la XIII conferencia bienal de los parlamentos Europeo y Latinoamericano (Parlatino).
Pero los 200 parlamentarios de 35 naciones congregados en Venezuela rechazaron "la política de certificación" aplicada por Washington contra los países "exportadores" de droga, y en su lugar abogaron por otra, de "corresponsabilidad".
Uno de sus líderes, el uruguayo Juan Adolfo Singer, presidente del Parlatino, dio un paso más y sostuvo que "la despenalización del consumo de drogas puede contribuir a defendernos mejor del flagelo", aunque como medida global y no de una sola nación.
El narcotráfico "es un negocio fundamentalmente mafioso. La persecución que se está haciendo contra el tráfico de drogas las encarece, y aumentan las utilidades mafiosas", dijo Singer.
La democristiana alemana Marlene Lenz destacó que el Programa de Naciones Unidas para Fiscalización del Uso Indebido de Drogas (PNUFID) ubica en 500.000 millones de dólares el volumen anual de negocios del tráfico internacional de drogas.
"La mía es la opinión de un político, no de un especialista", pero la despenalización "puede contribuir a disminuir el movimiento fantástico de dinero asociado al narcotráfico", y puso como "ejemplo histórico" a la Ley Seca que en los años 20 y 30 imperó en Estados Unidos.
Esa ley prohibitiva "permitió fantásticas utilidades a los traficantes de alcohol. Cuando se terminó esa ley, finalizó el negocio de los grandes traficantes", indicó Singer.
El mensaje a Washington fue claro, pues su certificación "es un procedimiento muy controvertido, que no sólo pone en tela de juicio la soberanía de los países en cuestión, sino que se sitúa en el exterior del sistema multilateral de Naciones Unidas", dijo Lenz.
La certificación, que en la región afectó a Colombia y México y condiciona tanto la ayuda de Estados Unidos como su voto en organismos financieros multilaterales, "vulnera los principios del Derecho internacional y deteriora las relaciones internacionales", abundó la parlamentaria germana.
Pío Cueva, socialcristiano de Ecuador, reivindicó la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y señaló que los parlamentos de la Unión Europea (UE) y América Latina procurarán actualizarse respecto de sus propuestas.
Destacó que en la agenda pendiente están reformas en los sistemas judiciales, combatir nexos entre corrupción y narcotráfico, alentar la recuperación de adictos, programas de cultivo sustitutos de los sembrados de droga y cercenar el desvío de precursores químicos a los laboratorios de droga.
Cueva y Lenz coincidieron en la importancia de que se active un tribunal penal internacional permanente frente a los delitos de narcotráfico "así como contra los crímenes que queden impunes por motivos políticos", además de reformar los sistemas judiciales de cada país "para hacerlos más transparentes".
"Son imprescindibles", dijo Cueva, porque droga y corrupción "forman una urdimbre de compartimientos ilícitos donde se mueven grandes cantidades de dinero, que lo corrompe todo y en años recientes ha involucrado incluso a jefes de estado, mediante contribuciones financieras a sus campañas".
Lenz destacó que la producción y el comercio de droga "se han convertido en fuentes de riqueza alternativa para muchos campesinos, y la extrema pobreza es un motivo decisivo para la conentración del cultivo en los países en desarrollo".
Para completar un "círculo vicioso", algunos grupos guerrilleros protegen los cultivos y el tráfico de drogas, "y la represión militar subsecuente genera acción de paramilitares y frecuentes violaciones a los derechos humanos, con saldo de más violencia y desórdenes sociales".
Por ello, Lenz abogó por un "enfoque integrado" de la lucha antidrogas, con "apoyo de la sociedad civil", que insista en un nuevo sistema judicial, respeto a los derechos humanos, mejoras en los regímenes carcelarios y lucha contra la pobreza.
Lenz dijo que los parlamentarios europeos comprenden su papel en aspectos clave como el combate al blanqueo de dinero habido en el narcotráfico, y el control de las exportaciones de precursores quimicos, desviados en destino hacia laboratorios de droga.
"En cambio, resultan simplemente inaceptables exigencias unilaterales como el procedimiento de certificación", pues ese tipo de presiones "suele desembocar en actos hostiles y de oposición política por razones de dignidad nacional, y degenerar en desórdenes sociales", indicó la eurodiputada alemana.
La erradicación de la droga "no es únicamente un problema latinoamericano o de los países en desarrollo. La comunidad internacional en su conjunto debe asumir su responsabilidad", concluyó Lenz. (FIN/IPS/jm/dg/if-ip/97
