Cuando Ron Arnold sugirió a empresas madereras y mineras que organizaran un movimiento de base popular para contrarrestar el ambientalismo, casi se rieron de él, pero actualmente su proyecto es una realidad.
El movimiento Wise Use (Uso sensato) trabaja junto con industrias petroleras, madereras y mineras -y sus aliados políticos en el Congreso- para contrarrestar al movimiento ecologista, que desea restringir la explotación privada de tierras públicas.
"Me involucré en esto porque mucha gente está perdiendo su empleo debido a la regulación gubernamental que favorece a los árboles y las lechuzas manchadas sobre los mineros, los comerciantes de madera y los ganaderos", declaró Linda Deen, voluntaria de Wise Use.
El movimiento atrae a negociantes de madera y granjeros de países industriales cuyo futuro económico es incierto a causa de la regulación gubernamental, según dicen.
Pero las soluciones ofrecidas por Wise Use "tienen por único objetivo promover los intereses de las industrias", afirmó John Gatchell, director de programa de la Asociación del Desierto de Montana.
Gatchell acusó al grupo de "intentar deliberadamente romper el vínculo entre personas que deberían ser aliadas naturales", porque "los ambientalistas, los granjeros y los madereros, todos tienen interés en un rendimiento sostenido".
Unos 300 activistas de Wise Use se reunieron esta semana en Washington para celebrar su séptima conferencia anual y presionar al Congreso.
La reunión versó sobre estrategias de organización popular y de los medios contra la política ambiental estadounidense e internacional, como la promovida por la Organización de las Naciones Unidas.
"Es terrible desperdiciar una mina" y "Detengan la guerra contra el derecho a la propiedad", decían algunas de las pancartas exhibidas el lunes ante la Casa Blanca por activistas de la coalición.
Numerosos republicanos derechistas conversaron esta semana con miembros de Wise Use, un movimiento que fue lanzado en 1988 en una conferencia celebrada en Reno, Nevada.
El movimiento es patrocinado por el Centro para la Defensa de la Libre Empresa (CDFE) y cuenta con el apoyo financiero de compañías como Exxon USA, Unocal, Chebron USA, Dupont Co., Louisiana Pacific Corporation, Energy Fuels, Pegasus Gold Corporation, Home Stake Mining Company y Kawasaki.
El presidente de CFDE, Alan Gottlieb, recaudó fondos para la campaña del ex presidente Ronald Reagan y otros candidatos y causas derechistas, incluyendo el Comité de Ciudadanos por el Derecho a Tener y Portar Armas, la segunda organización pro-armas del país luego de la Asociación Nacional del Rifle.
Gottlieb y su vicepresidente, Ron Arnold, publicaron en 1989 la agenda de Wise Use, que incluye 25 objetivos, entre ellos la apertura de todas las tierras públicas, como áreas silvestres y parques nacionales, a la explotación de minerales y fuentes de energía.
Otros objetivos consisten en dar una nueva redacción a la Ley de Especies Amenazadas, de la que se excluiría la mayoría de las especies, y hacer responsable de daños civiles prácticamente a cualquiera que proteste contra actividades de corporaciones en tierras públicas.
La conferencia de este año se concentró en la propuesta Ley de Derecho a la Propiedad para Todos, apoyada por el Partido Republicano.
De acuerdo con la iniciativa legislativa, cualquier protección de la naturaleza que altere el valor monetario de un bien raíz afecta el derecho a la propiedad y debe ser compensada financieramente por el gobierno.
Daniel Barry, director de la Cámara de Defensa e Investigación Ambiental, señaló que el proyecto debilita la protección de los pantanos, las medidas de control de la contaminación y otras salvaguardas ambientales.
Pero Elizabeth West, directora adjunta de American Land Rights, sostuvo que "los miembros de Wise Use son partidarios del desarrollo".
"Deseamos mantener las tierras federales disponibles para el uso múltiple y proteger los derechos de los propietarios privados", manifestó West, quien asistió a la conferencia. (FIN/IPS/tra-en/dk/yjc/ml/en/97
