El ex presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez apeló hoy la sanción de 120.660 dólares impuesta por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela como secuela del juicio penal que le privó de libertad entre 1994 y 1996.
Peritos reunidos por la Corte fijaron en 603.295 dólares los daños al patrimonio venezolano causados por la operación de auxilio policial a Nicaragua verificada entre abril y junio de 1990, durante la segunda presidencia de Pérez (1989-1993).
En el terreno penal, Pérez y varios de sus colaboradores fueron condenados a purgar arresto o cárcel. El ex presidente estuvo 70 días en prisión y más de dos años bajo arresto en su domicilio de las afueras de Caracas.
En el campo civil, Pérez y cuatro de sus colaboradores fueron incriminados por daños. La cuantificación quedó pendiente desde que en mayo de 1996 la Corte dictó sentencia penal. Tres peritos – que por su trabajo cobran 120.000 dólares- finalmente entregaron su avalúo este martes.
Pero en el terreno político, Pérez sigue sosteniendo que todo el proceso ha sido un "golpe civil" en su contra, desatado con su destitución en mayo de 1993, ocho meses antes de concluir su mandato quinquenal y después que en 1992 fracasaron dos cruentas sublevaciones militares.
El dictamen de los peritos "es una estupidez, aunque ya no me sorprende", dijo Pérez este miércoles, mientras sus abogados preparaban el recurso de apelación ante la misma Corte Suprema, instancia única en todo el proceso contra el ex mandatario.
Pérez dijo que carece de recursos para pagar su porción en la reparación de daños exigida. "No tengo con qué pagar, y además, no debo nada", señaló, aunque subrayó que mantiene su posición de "respeto institucional a las cosas que han sucedido".
En Venezuela, recordaron medios judiciales, no existe la privación de libertad a causa de deudas. Lo que procede cuando un deudor rehusa el pago es la incautación de bienes.
"Eso significaría que me quitarían el único bien que yo le dejo a mi familia, que es una casa de habitación. No tengo más bienes", dijo el ex mandatario socialdemócrata de 74 años.
Uno de sus abogados, Héctor Pérez Mora (que no es familiar del ex presidente), confirmó la apelación ante el peritaje, "un episodio más de un proceso plagado de incoherencias fácticas y jurídicas", comenzando porque deban pagar a peritos que pidió su contraparte, la Fiscalía.
A Pérez se le juzgó bajo cargos de malversación (desvío) y peculado (apropiación en provecho propio o de un tercero) de 17,2 millones de dólares de la partida de gastos secretos del Ministerio del Interior, durante su segunda presidencia.
La base de la acusación fue una rectificación presupuestaria, en febrero de 1989, apenas Pérez llegó al poder, para incrementar en 250 milones de bolívares (17,2 millones de dólares de la época) la partida de gastos secretos de la cartera de Interior.
Según la acusación, parte de ese dinero se empleó en el exterior -y no en el interior del país- para financiar la "Operación Orquídea", con la cual se suministró apoyo policial entre abril y junio de 1990 a la recién electa presidenta nicaragüense Violeta Chamorro.
Cuando la fiscalía detectó "fundados indicios" de corrupción en todo el proceso solicitó un juicio a Pérez, lo que decidió la Corte el 20 de mayo de 1993. Al día siguiente, el Senado dio luz verde al proceso y Pérez fue apartado de la presidencia.
El juicio propiamente tal empezó en 1994 y dos años después concluyó estableciendo que Pérez fue culpable de la malversación pero no del peculado, cuyo beneficiario hubiese sido un tercero, es decir la ahora ex presidenta Chamorro.
Pero la parte civil -daños- se refirió sólo a ese segmento de los 17,2 millones de dólares desviados, y así se ha ordenado a Pérez y a sus ex colaboradores resarcir al Tesoro por los 603.295 dólares que según los peritos costó la operación. (FIN/IPS/jm/dg/ip/97
