El aumento constante de los asentamientos humanos, la tala indiscriminada de bosques y la instalación de industrias y explotaciones agrícolas y ganaderas en la cuenca hidrográfica amenazan los recursos del canal de Panamá.
Recientes estudios e inspecciones de instituciones oficiales y privadas revelaron que la cuenca del canal y la oriental selva de Darien constituyen el principal foco de agresión contra los recursos naturales de este país.
Un informe de la estatal Autoridad de la Región Interocéanica (ARI), señaló que a las 343.675 hectáreas que componen la cuenca hidrográfica del canal ingresan furtivamente alrededor de 300 personas al mes para afincarse en el lugar.
La mayoría de los sitios ocupados forman parte de las tierras devueltas por Estados Unidos a Panamá en virtud de los tratados canaleros de 1977.
Según el antropólogo y ex director del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (Inrenare) Stanley Heckadon, la ocupación descontrolada de las tierras de la cuenca del canal comenzó a finales de la década de 1940.
La población del área, que en el origen era de 20.000 personas, se multiplicó, sobre todo a partir de 1979, cuando entraron en vigor los tratados del canal de Panamá. Hoy llega a las 200.000 habitantes.
El incremento demográfico se acompañó de la desaparición de árboles, talados para habilitar potreros, parcelas agrícolas, industrias y poblados.
En 1952 las áreas forestadas ocupaban 80 por ciento de la superficie de la cuenca canalera, al tiempo que actualmente apenas llegan al 20, según un reciente estudio conducido por el arquitecto panameño Jorge Rodríguez.
Rodríguez subrayó que a pesar de que el canal constituye uno de los principales recursos económicos de Panamá, "el hombre se ha convertido en el principal destructor de la naturaleza, por ignorancia, desinterés e irresponsabilidad".
Una de las primeras consecuencias de la agresión sufrida por la cuenca del canal a lo largo de las últimas cuatro décadas es la pérdida de capacidad de embalse de los lagos Gatun, Alajuela y Miraflores por efectos de la sedimentación, así como una merma en el régimen de lluvias, precisó Rodríguez.
Esos tres lagos constituyen los reservorios de agua dulce que abastecen los tres juegos de esclusas por donde pasan las naves que atraviesan el canal.
Sin embargo, el sacerdote Patricio Hanssens, director de la Pastoral Social Arquidiocesana de la Iglesia Católica, afirmó que entre las causas de la deforestación están la falta de recursos y las prácticas culturales de los pobladores afincados en la cuenca.
Durante siglos los pequeños agricultores de la zona central de Panamá, de donde procede la mayoría de los inmigrantes de la cuenca, han practicado el sistema de roza y quema de sus parcelas para prepararlas para la siembra, señaló Hanssens.
Tras indicar que los campesinos necesitan apoyo económico para cambiar sus habitos de producción, el sacerdote afirmó que ello requiere "un trabajo educativo sostenido porque existe una cultura y una forma de vida que no se cambia por decreto".
Además de proveer los casi ocho billones de litros de agua que utiliza diariamente el canal para transportar los barcos entre los océanos Atlántico y Pacífico, los lagos y los ríos de la cuenca son los que abastecen de agua potable al millón de residentes en las laderas de la franja canalera.
El canal aporta alrededor de 500 millones de dólares al año a la economía panameña y ofrece considerables ahorros a los cerca de 13.000 barcos que transitan anualmente por la ruta interocéanica.
Sin embargo, Heckadon consideró que la reciente promulgación de una ley que instituyó la Autoridad del Canal de Panamá, una entidad estatal que se encargará de dirigir esa vía a partir del 31 de diciembre de 1999, constituye una esperanza para el futuro de la cuenca.
Según los tratados de 1977, Estados Unidos debe cesar su presencia en el canal y traspasar esa obra a la jurisdicción panameña el 31 de diciembre de 1999.
Heckadon indicó que la nueva ley le otorga a las futuras autoridades de la vía interocéanica "la función de conductor de orquesta para salir del caos".
De acuerdo con la nueva ley, la Autoridad del Canal será responsable de la administración, el mantenimiento, el uso y la conservación del recurso hídrico de la cuenca, así como del diseño de estrategias, políticas, programas y proyectos para preservarlo. (FIN/IPS/sh/dg/en/97