Estados Unidos se resiste a la renovación en la Organización de Naciones Unidas (ONU) del acuerdo "petróleo por alimentos" que permitió a Iraq recaudar 1.500 millones de dólares para la compra de comida y medicinas.
El acuerdo alivió hace seis meses el embargo comercial impuesto por la ONU contra Bagdad en 1990, pues le permitió al país la venta de una cantidad limitada de petróleo para la compra de bienes que requiere con urgencia por razones humanitarias.
Pero Washington, que tiene al presidente iraquí Saddam Hussein los primeros lugares de su lista de enemigos, no tiene al parecer intenciones de conceder con facilidad su voto a una prolongación del acuerdo, que expirará el 10 de junio.
"El gobierno de Estados Unidos aún no decidió si apoyará la ampliación de la resolución 986", dijo el embajador ante la ONU Bill Richardson. Iraq, agregó, no merece el trato pues no cumplió sus obligaciones en materia de paz y desarme y de distribución justa de la asistencia.
El Consejo de Seguridad de la ONU, órgano en el cual Washington tiene poder de veto, autorizó en 1995 la resolución 986, que tuvo efecto desde diciembre de 1996, cuando Bagdad accedió. Desde entonces, Iraq suscribió 51 contratos que le permitieron la venta de 121 millones de barriles de petróleo.
Las ventas y la utilización de los fondos obtenidos es supervisada de cerca por funcionarios de la ONU. Según el acuerdo, Bagdad debe gastar 53 por ciento del dinero obtenido (800 millones de dólares) en alimentos y medicinas dirigidos a la población de las zonas centro y sur del país.
Trece por ciento de los fondos (casi 200 millones de dólares) deben destinarse a la población de las tres provincias del Kurdistán, en el norte.
Pero Richardson afirmó que el acuerdo no tuvo un cumplimiento estricto en cuanto al envío de asistencia a los iraquíes del Kurdistán, a quienes, dijo, combate el régimen de Hussein.
Washington, que impuso una zona de "embargo aéreo" en el norte de Iraq con apoyo de Francia y Gran Bretaña, pretende más ayuda a los kurdos y transparencia en el cumplimiento del acuerdo, tanto sobre las ventas de petróleo como en la distribución de la asistencia, dijo el diplomático.
La posición de Estados Unidos preocupa a otros países, que temen que la real intención sea alcanzar un acuerdo dirigido a acabar con el régimen de Hussein.
Los diplomáticos iraquíes acreditados en la ONU afirmaron que Washington usó su poder en el comité de sanciones del Consejo de Seguridad para bloquear de forma arbitraria contratos de venta de petróleo o compra de alimentos y medicina.
En las solicitudes que recibió hasta ahora, el comité aprobó 226 contratos, bloqueó siete y reclamó mayor información sobre 143. El voto de Estados Unidos estuvo presente en la mayoría de las objeciones interpuestas.
Funcionarios de la ONU también se resisten a cambiar los términos del actual acuerdo, negociado durante más de un año entre el cuerpo mundial e Iraq, y niegan que la distribución de la asistencia sea injusta.
Yasushi Akashi, subsecretario general de la ONU a cargo de operaciones humanitarias, dijo el día 23 que las expectativas que se habían cifrado en la ayuda al norte de Iraq eran desmedidas, y que las ventas permitidas no podrán colmar las necesidades médicas, de educación e infraestructura de la región.
Akashi, además, negó que Bagdad obstaculice los movimientos de los funcionarios de la ONU a cargo de vigilar el cumplimiento de la resolución 986. El comité de sanciones cuenta con 151 personas que investigan las ventas de petróleo y la distribución de la asistencia.
El funcionario reclamó más ayuda humanitaria para Iraq, que sufría aún escasez de alimentos a comienzos de mes, cuando el visitó el país. "Las condiciones de vida son deplorables, en especial de los desplazados internos, los niños y la población hospitalaria", dijo.
El problema se debe, en parte, a confusiones sobre los nombres comerciales de ciertas medicinas, diferentes de los nombres genéricos que constan en la lista elaborada por funcionarios de Iraq y de la ONU.
El acuerdo "petróleo por alimentos" levanta solo en parte las sanciones impuestas por la ONU a Bagdad en agosto de 1990, cuando las fuerzas de Hussein invadieron Kuwait, operación que provocó a comienzos de 1991 la guerra del Golfo (1991).
Iraq no puede comprar nada excepto productos que necesita y constan en la lista, y tampoco puede vender más de 1.000 millones de dólares de petróleo cada 90 días.
Pero 13 de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad consideran que el embargo se ha prolongado demasiado y que debería fijarse una fecha para su levantamiento. Estados Unidos y Gran Bretaña, ambos miembros permanentes con poder de veto, son los únicos que manifiestan resistencias.
Washington y Londres afirman que Bagdad aún debe desembarazarse de todas sus armas de destrucción masiva, una exigencia establecida por la propia ONU.
En su último informe, la Comisión Especial de Naciones Unidas sobre Desarme observó que Iraq todavía no ha respondido por el destino de grandes cantidades de gas nervioso VX, un arma biológica prohibida.
Las sanciones no han sido capaces de voltear a Hussein, pero la economía iraquí se ha devastado desde la imposición del embargo comercial.
La sanción es cada vez menos popular en el ámbito diplomático, por lo que Washington no tiene alternativa a renovar el acuerdo "petróleo por alimentos" que, al menos, mitiga sus efectos, según funcionarios y observadores. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/mj/ip dv/97
