Una delegación especial de la ONU investigará en Guatemala asuntos vinculados con la desaparición de un guerrillero, un caso que pone en tensión las relaciones del gobierno de Alvaro Arzú con la misión permanente del foro mundial.
Observadores de derechos humanos de la ONU (Organización de Naciones Unidas) señalaron contradicciones en la información proporcionada por las autoridades guatemaltecas sobre el caso de Juan José Rodas, conocido como Comandante Mincho y desaparecido en 1996.
Por su parte, funcionarios del gobierno de Arzú criticaron la actuación en el caso de la Misión de Derechos Humanos de la ONU en Guatemala (MINUGUA).
La MINUGUA fue acusada de ocultar datos esenciales sobre la desaparición de Mincho, dirigente de de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), ocurrida el 19 de octubre.
El portavoz de la ONU, Fred Eckhard, rechazó la acusación, difundida la semana última por la prensa. "Consideramos que esas versiones no tienen fundamento", dijo.
No obstante, Eckhard anunció que la ONU enviará una delegación a Guatemala para investigar el tratamiento del caso Mincho.
MINUGUA informó que Mincho fue detenido por agentes del Estado Mayor de la Presidencia junto con Augusto Rafael Baldizón, también de la ORPA, un grupo integrante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que en diciembre firmó la paz con el gobierno.
Los dos dirigentes de la ORPA fueron detenidos por su participación en el secuestro de la millonaria Olga Novella.
Las distintas versiones de los hechos obtenidas por la misión de la ONU "coinciden en señalar que (Mincho) Cabrera fue muerto al ser capturado", afirmó la semana última Denise Cook, de la MINUGUA. En cuanto a Baldizón, fue canjeado por Novella el 20 de octubre.
Pero el gobierno de Guatemala replicó que, aunque se sabía que Baldizón estaba acompañado al ser detenido, su cómplice no fue aprehendido. "El gobierno ha negado y niega que esa otra persona fuera capturada o muerta" por los agentes de seguridad, declaró un portavoz oficial.
Según medios de prensa de Guatemala, fuentes del gobierno comentaron que la MINUGUA sabía que el acompañante de Baldizón no fue capturado, pero no lo dijo.
Un funcionario de la ONU, que mantuvo el anonimato, señaló que el gobierno de Guatemala sólo recientemente informó a MINUGUA que sabía de la existencia de otra persona, que no fue capturada junto a Baldizón.
El gobierno de Arzú negó durante varios meses que Baldizón estuviera acompañado en el momento de su captura, y afirma ahora que la MINUGUA tuvo ese dato desde el primer momento.
La ONU espera que sus investigadores "confirmen la confianza puesta en la MINUGUA", expresó Eckhard.
Otros funcionarios de la ONU manifestaron preocupación ante el malestar del gobierno guatemalteco con la MINUGUA.
"El distanciamiento entre la ONU y el gobierno de Guatemala es el mayor de los últimos tres años. Es un problema muy serio, dado que la MINUGUA es garante del proceso de paz", advirtió Hugh Byrne, de la no gubernamental Oficina de Washington sobre América Latina, de Estados Unidos.
Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), mencionó en su último informe anual a Guatemala, junto a Colombia y Perú, por violación de derechos humanos.
La Comisión avaló la denuncia de la religiosa estadounidense Dianne Ortiz, que afirma haber sido secuestrada, violada y torturada por fuerzas de seguridad de Guatemala en noviembre de 1989.
"La hemana Ortiz fue puesta bajo vigilancia y amenazada, luego secuestrada y torturada" por agentes del gobierno, consignó la Comisión de la OEA en su informe.
Ortiz "es un testigo fiable", agregó, en respuesta a la afirmación del gobierno guatemalteco, que descalificó el testimonmio de la religiosa por suponer que ésta no está en posesión de sus facultades mentales.
La Comisión recomendó a Guatemala que investigue el caso de Ortiz de modo rápido e imparcial y que pague una compensación a la religiosa por el tratamiento sufrido.
Ortiz saludó la decisión de la comisión, diciendo que espera que el gobierno de Guatemala "finalmente acepte la responsabilidad por el daño causado a tantos durante tanto tiempo".
Desde enero a noviembre de 1996, la Comisión de Derechos Humanos de Gutemala informó sobre 143 casos de ejecución extrajudicial, 31 de tortura y 23 desapariciones. (FIN/IPS/tra- en/fah/aq-lp/ip-hd/97
