Las trabajadoras del campo son las más desprotegidas, trabajan gratis o cobran menos que los hombres y carecen de prestaciones sociales, afirman las participantes en el Primer Congreso Internacional sobre Mujer y Desarrolo Social que finalizó hoy en la ciudad española de Santiago de Compostela.
El Congreso reunió a más de un millar de mujeres de España, Ecuador, Costa Rica, Suecia y de la Unión Europea vinculadas al medio rural.
Al finalizar la reunión de Santiago de Compostela, las participantes pidieron que se regule la figura de la cónyuge colaboradora en las explotaciones agrícolas.
La presidenta de la Asociación de Mujeres y Familias del Ambito Rural (AMFAR), Lola Merino, dijo que suele haber "un hombre que cotiza a la seguridad social y una mujer, su cónyuge, que trabaja en el campo, obligatoriamente, como extensión de su labor como ama de casa y que, al mismo tiempo, está fuera de toda regulación laboral".
Por esa razón, las congresistas reclamaron que el papel de la mujer que se desempeña como cónyuge colaboradora dentro de una empresa familiar agraria esté reconocido social y jurídicamente, con derecho a prestaciones sociales propias.
En España, la ley prohibe que el familiar en primer grado de un trabajador autónomo pueda ser asalariado de éste o estar asociado a él.
Cifras proporcionadas en los tres días de debate pusieron de manifiesto la precariedad de las mujeres en el sector agrario y la lentitud con que se modifica la legislación vigente al respecto.
Según la central sindical mayoritaria Comisiones Obreras (CC.OO, de origen comunista), unas 50.000 mujeres estarían en esa situación en Galicia, comunidad autónoma de la que Santiago de Compostela es capital, y 1,5 millones en el resto de España.
De las 111.000 mujeres que trabajan en los campos gallegos, 85.000 (76,5 por ciento) de ellas no están dadas de alta en la Seguridad Social, razón por la cual carecen de derechos como baja por enfermedad, maternidad y jubilación.
La renta agraria gallega, de 2.580 dólares anuales por persona ocupada, dificulta el pago de los 1.250 dólares mensuales de seguro, razonó Lidia Senra, del sindicato gallego de labradores.
Al trabajo de las mujeres en el agro también se refirió Ana Botella, esposa del jefe del gobierno español, José María Aznar.
Botella destacó el aporte de las mujeres al desarrollo del agro en España y pidió al gobierno medidas para promocionar la incorporación al trabajo de las que residen en el campo, donde afirmó que la tasa de desocupación alcanza a 27 por ciento.
Subrayó que el gobierno debe de tener en cuenta esa especial circunstancia en el mundo rural, por el peso que las mujeres tienen en el conjunto de la población, así como por el desequilibrio del que se parte.
Finalmente, calificó de "trabajo agotador" el de las mujeres en Africa, Asia y América Latina, donde las mujeres "no participan en los centros de decisión a pesar de la enorme labor que realizan".
En relación a esa circunstancia, Botella expresó que uno de los factores que más puede contribuir a mejorar la situación de la mujer rural es la educación, por las muchas oportunidades de promoción personal que les brinda.
Al respecto, se mostró convencida de que mejorará el acceso de las mujeres a puestos de trabajo bien remunerados, un elemento clave para dignificar su posición en el medio agrario.
Con Botella coincidió la directora general del Instituto de la Mujer, Concepción Dancausa.
"En cualquiera de los índices de referencia de calidad de vida, la mujer rural está en situación de neta inferioridad respecto no sólo de los hombres, sino también de otros grupos de mujeres que trabajan fuera del ámbito rural", afirmó.
Dancausa añadió que "la formación es el mejor instrumento para luchar contra la desigualdad".
En relación con la formación, un estudio de CC.OO. realizado durante los últimos tres años y difundido en el Congreso, pone de relieve que las trabajadoras son uno de los sectores en los que se detecta mayor necesidad formativa, ya que comparten con los mayores de 45 años y los menores de 25 una alta rotación laboral.
Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta (Gobierno) de Galicia, dijo que "el futuro del medio rural depende del papel que se le asigne a la mujer", y aseguró que es necesario ir más allá de los reconocimientos y los homenajes.
Por tanto, llamó a "adoptar medidas concretas y eficaces que le garanticen un contexto social más favorable, una participación equilibrada en la toma de decisiones y, en suma, que se aseguren las condiciones necesarias para su participación en plena igualdad en todos los sectores de la vida económica y social».
La ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, llamó la atención sobre la necesidad de poner fin al éxodo masivo de la población rural hacia las ciudades con medidas que garanticen una adecuada calidad de vida a los habitantes del campo.
"Por increíble que parezca (…) una de las grandes prioridades de las sociedades de los países industrializados y en particular de la Unión Europea, debe ser asegurar la necesaria distribución de la población rural que permita el mantenimiento equilibrado del territorio con vida en todos los aspectos", dijo. (FIN/IPS/af/ag/pr-if/97
