El gobierno de Colombia afirmó el viernes que acepta la decisión de Venezuela de entregar en extradición al presunto narcotraficante Pastor Perafán a Estados Unidos para su enjuiciemiento en ese país.
Estados Unidos y Colombia habían solicitado la extradición Perafán, de origen colombiano, tras su captura hace un mes en territorio venezolano.
La ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Ema Mejía, afirmó que lo importante era demostrar que "ante el crimen organizado los dos estados se ayudaron para encontrar y capturar a Perafán" y aseguró que el gobierno de su país acepta la decisión venezolana.
La ministra afirmó que en caso de que Estados Unidos necesite pruebas adicionales contra Perafán, Colombia se las suministrará.
El ministro del Interior, Horacio Serpa, y la titular de Justicia, Almabeatriz Rengifo, afirmaron a su vez que fue una decisión autónoma de la Corte Constitucional de Venezuela que el gobierno de Colombia acata.
La extradición de Perafán, el más buscado de los presuntos narcotraficantes en Colombia, fue anunciada el jueves por el presidente de la Sala Penal de Venezuela, Ismael Rodríguez.
El máximo tribunal venezolano se inclinó por la solicitud de Estados Unidos, por considerar que los argumentos presentados por ese país fueron de mayor peso.
En Colombia, Perafán está siendo procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento público y es investigado por narcotráfico, mientras que Estados Unidos lo requirió por ocho cargos, entre ellos el de narcotráfico, y se adelantó a Bogotá en su solicitud de extradición.
La justicia colombiana continuará la investigación por narcotráfico y el proceso de la extinción de dominio de bienes contra Perafán.
Con la extradición de Perafán a Estados Unidos, algunos analistas estiman que Venezuela "le quitó un peso de encima" a Colombia, que en estos momentos mantiene tensas relaciones con Washington a causa de la extradición de los jefes del narcotráfico.
Estados Unidos pidió a Colombia que restablezca la figura de la extradición, prohibida por la Constitución de 1991, para restablecerle el aval en la lucha contra el narcotráfico, que le quitó en marzo pasado.
Tras un año de presiones, el gobierno decidió presentar al parlamento un proyecto de ley para restablecer este instrumento, que fue aprobado en segundo debate este jueves por el Senado.
No obstante, por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá pasar por otros seis debates en este año. (FIN/IPS/yf/ag/ip/97
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