El debate sobre los desaparecidos en Uruguay, que involucra a gobierno, partidos políticos, militares y Poder Judicial, ganó fuerza este martes, con una manifestación que exigió la verdad sobre hechos ocurridos durante la dictadura impuesta entre 1973 y 1985.
La manifestación, realizada en el centro de la capital, fue convocada por familiares de desaparecidos y organizaciones sociales, políticas y religiosas.
A la cabeza marcharon familiares de los 32 desaparecidos durante la dictadura, de quienes sólo se sabe que fueron detenidos por militares o policías y recluidos en cuarteles del ejército.
Otros 130 uruguayos fueron secuestrados en Argentina y dos en Paraguay, sin que se conozca su suerte.
Los organizadores de la movilización recogieron días atrás miles de firmas para exigir el cumplimiento integral de una ley especial que obliga al gobierno a investigar el destino de los desaparecidos.
Un referéndum confirmó en 1989 la llamada ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que puso fin a las actuaciones judiciales relativas a policías y militares de la dictadura acusados de violar los derechos humanos.
Pero la ley, promulgada originalmente en 1986, no cerró la investigación sobre lo sucedido con los desaparecidos, y la encomendó al Poder Ejecutivo.
"Reclamamos conocer la verdad sobre las personas desaparecidas. La familia tiene legítimo derecho a clausurar esta larga etapa de dolor", dijo a IPS el senador Rafael Michelini, del centroizquiredista Nuevo Espacio, promotor del pedido de aclaración del destino de los desaparecidos.
El padre del legislador, el también senador Zelmar Michelini, fue secuestrado y asesinado en 1976 junto con otros tres uruguayos en Buenos Aires, donde se había exiliado luego del golpe de Estado de 1973 en Uruguay.
Por su parte, el jefe del Ejército, general Raúl Mermot, pidió "sensatez", y afirmó que "la sociedad y las instituciones que sostienen al Estado están por encima de protagonismos (y) reivindicaciones, e incluso del legítimo dolor", en alusión tácita a los familiares de los desaparecidos.
Mermot sostuvo el domingo, en un acto público, que el debate promovido por Rafael Michelini se ha "transformado en pretexto para un severo enjuiciamiento a nuestra formación de soldados".
El militar también reinvindicó la actuación de los militares durante la dictadura.
"El pueblo que nosotros defendimos nos necesitó, nos apoyó y nos agradeció. ¿Qué hutervención de la Iglesia Católica.
En el plano jurídico, el juez Alberto Reyes se enfrenta a la fiscal Ana María Merello, quien consideró que la ley de caducidad excluye la investigación judicial del destino ddura: los generales retirados Gregorio Alvarez, último presidente de facto, e Iván Paulós, jefe de inteligencia militar en aquel período.
Más de 5.000 personas pasaron por prisiones militares durante los 12 años de régimen militar en este país de 3,1 millones de habitantes, y varios miles se exiliaron en América Latina y Europa.
La iniciativa de Michelini también dio lugar a un debate jurídico, y provocó la intervención de la Iglesia Católica.
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