El único rehén abatido en la embajada de Japón era opositor al gobierno peruano y su muerte se produjo en circunstancias extrañas, afirmó el martes 29 la Asociación Americana de Juristas (AAJ), que reclamó una investigación del episodio.
La AAJ expresó "dolor y peocupación por la extraña muerte del digno magistrado" de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Carlos Ernesto Giusti Acuña.
En una declaración distribuida en Ginebra, el presidente de la organización de juristas, José Felipe Ledur, recordó que Giusti Acuña "se opuso públicamente a las reformas que (el presidente Alberto) Fujimori pretende introducir en el sistema judicial del Perú".
La AAJ destacó que el magistrado fallecido era miembro del Consejo Consultivo de la institución, que se dedica primordialmente a la defensa de los derechos humanos.
La organización de juristas, con Presidencia en Porto Alegre, Brasil, y Secretaría en Montreal, Canadá, manifestó repudio "por la decisión del gobierno peruano cuando no se había agotado la instancia mediadora y la posibilidad de una solución pacífica".
La acción militar del pasado 22 de abril de recuperación de la sede diplomática, capturada por guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) desde el 17 de diciembre, cobró la vida de los 14 miembros del comando rebelde.
En el incidente también perecieron un solo rehén, Giusti Acuña, y dos militares.
La declaración de la AAJ consigna "su consternación por la matanza deliberada de los integrantes del MRTA, de la cual son responsables el presidente Fujimori y los mandos de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia".
La AAJ demandó "una investigación exhaustiva e imparcial" de las circunstancias de la muerte de Giusti Acuña y de los miembros del MRTA y "el enjuiciamiento de sus autores materiales e intelectuales".
Por su parte, el representante permanente de la AAJ en Ginebra, Alejandro Teitelbaum, pidió la intervención del relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias y arbitrarias, Bacre Wally Ndiaya, para que promueva una investigación internacional sobre el episodio.
Teitelbaum dirigió también un petitorio al relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia del Poder Judicial, Dato Param Cumaraswamy, para que un grupo de expertos independientes investigue los sucesos de Perú.
En representación de la AAJ, la peruana Ada Beraunde denunció la situación de la justicia en su país ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que sesiona desde este lunes en Ginebra.
Beraunde sostuvo que en Perú "el Poder Legislativo cumple un papel decorativo y el Poder Judicial está sometido al Ejecutivo, salvo casos excepcionales de algunos jueces honestos".
La jurista expuso la situación en las cárceles, calificadas de "tumbas para seres vivos", dónde "se restringen cosas elementales para la vida como el agua a dos litros diarios para todo uso, las comidas a una al día e incluso el uso de la luz". (FIN/IPS/pc/ag/ip-hd/97
