Human Rights Watch (HRW) señaló el martes 29 que la situación de los derechos humanos en México es grave, al persistir la impunidad de los delitos, la tortura, la politización de la justicia y los obstáculos del gobierno al trabajo de organizaciones humanitarias.
"No vemos progresos en derechos humanos durante la gestión del presidente Ernesto Zedillo", la situación sigue siendo tan preocupante como en la gestión de Carlos Salinas (1988-94), dijo en conferencia de prensa el director ejecutivo de HRW, José Vivanco.
Al dar conocer su informe anual sobre México, centrado en esta ocasión en cuatro estados donde el grupo humanitario afirma hay una situación de violencia alentada por las autoridades y "una justicia politizada", HRW recomendó a la administración de Zedillo mayores esfuerzos para respetar los derechos humanos.
En México, país que junto a Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala y Haití es el que más preocupa a HRW en América Latina, la tortura sigue siendo el método "más popular" utilizado por la policía en sus investigaciones, afirmó Vivanco.
Se continúa recurriendo a la confesión forzada y no se sanciona a los responsables de esos apremios, sostuvo el portavoz, quien este martes se reunió con autoridades de la secretaría de Gobernación (Interior) para dialogar sobre el informe preparado por su grupo.
En la conferencia de prensa, Wilder Tayler, director jurídico de HRW, dijo sentirse "profundamente preocupado" por recientes expulsiones de activistas de grupos humanitarios extranjeros ordenadas por el gobierno.
"Las expulsiones perjudican la imagen de México, no se entiende la utilidad de esta actitud", expresó.
El gobierno expulsó las dos últimas semanas a cinco activistas de grupos como la Federación Internacional de Derechos Humanos y Equipos Cristianos de Acción por la Paz, que llegaron para investigar denuncias de violaciones a los derechos humanos en los estados de Oaxaca y Guerrero, donde opera un grupo guerrillero.
Los activistas llegaron con visa de turista y no podían trabajar, adujeron las autoridades.
En 1996, cuando HWR criticó a las autoridades mexicanas por supuestas violaciones cometidas contra los derechos de personas presuntamente vinculadas con la guerrilla zapatista, el gobierno de Zedillo acusó al grupo humanitario de distorsionar la información.
En el informe de este año, el grupo afirma que en las zonas rurales de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa, el gobierno "sigue tolerando la violencia rural generalizada fruto de diferencias políticas y religiosas, la contrainsurgencia y los conflictos de tierras".
En Chiapas la justicia y las autoridades policiales actúan contra los opositores, defienden a grupos paramilitares vinculados al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), y persiguen, hostigan y secuestran a campesinos, dice HWR.
La denuncia de HWR se sumó a la de organizaciones nacionales como Augustín Pro, grupo vinculado a la orden de los jesuitas que acusa periódicamente a las autoridades de cometer abusos contra indígenas y campesinos -especialmente en zonas donde operan guerrillas- y apoyar a grupos armados relacionados con el PRI. (FIN/IPS/dc/dg/ip-hd/97)
