Las reformas políticas y judiciales en México no lograron poner fin a la violencia rural, cometida principalmente por miembros del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), y los derechos humanos continúan amenazados, afirmó hoy Human Rights Watch/America (HRW).
Un informe de HRW divulgado este martes afirma que autoridades locales en las áreas en cuestión no tomaron medidas para detener las violaciones de los derechos humanos, y el gobierno federal mexicano es responsable de no encarar el problema.
"Dado su conocimiento de los abusos, la responsabilidad de detenerlos y la obligación de detener y juzgar a los posibles agresores, la inacción de las autoridades mexicanas constituye negliglencia intencionada y complicidad", afirmó José Miguel Vivanco, de HRW/Americas.
En muchos casos, añadió, "los ataques documentados fueron llevados a cabo por autoridades del gobierno".
El informe de 112 páginas, titulado "Negativa inverosímil", fue divulgado pocos días antes del primer viaje a México del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.
El narcotráfico, la inmigración y la extensión de lazos comerciales bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) serán los principales temas de la agenda de las conversaciones entre Clinton y el presidente Ernesto Zedillo.
Pero HRW pretende que ambos presidentes traten temas de derechos humanos, en particular ante las próximas elecciones estatales y legislativas fijadas para el 6 de julio en México.
La clase de violencia a la cual se refiere el informe, "puede amenazar seriamente la capacidad de grupos políticos de oposición para organizarse y competir limpiamente".
HRW urgió a Clinton a retener la ayuda a los militares mexicanos, beneficiarios de crecientes cantidades de equipos militares y capacitación estadounidense por los esfuerzos contra el narcotráfico.
La ayuda debe ser retenida hasta que el ejército mexicano investigue adecuadamente y procese a los responsables de serias violaciones de los derechos humanos cometidas durante el alzamiento de 1994 en Chiapas.
El último informe de HRW se centra primariamente en la situación el estado sureño de Chiapas, a partir de enero de 1994, cuando el país entero se vio sacudido por un alzamiento zapatista.
La organización afirma que la insurgencia exacerbó tensiones preexistentes en todo el estado y reorganizó las líneas de batalla del poder político.
Casi 4.000 personas fueron desplazadas por la violencia en Chiapas, y el informe también se refiere a recientes episodios de violencia rural en otros tres estados, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa, y documentó cinco patrones comunes a todos.
Autoridades del gobierno no lograron confrontar a jefes locales conocidos como caciques, quienes respaldan al PRI, aunque su influencia sobre autoridades de policía conduce a abusos, según el informe.
Autoridades federales, estatales y locales a menudo niegan que los casos de derechos humanos "existen incluso en los casos más flagrantes". Sólo cuando intensa presión local, nacional e incluso internacional se aplica sobre casos específicos de abusos las autoridades se disponen a tomar algunas medidas.
"La impunidad continúa siendo la norma para quienes violan los derechos humanos y respaldan al gobierno". La conclusión se aplica a la violencia cometida por ciudadanos privados y funcionarios que cometieron abusos en nombre de la lucha contra la guerrilla, indica el informe.
Las acciones violentas, incluyendo asesinatos y expulsiones, también fueron cometidas por enemigos del PRI, aunque los atacantes en esos casos tienden a ser perseguidos por las autoridades con gran celo, aseguró HRW.
Por último, autoridades federales y estatales a menudo no aseguran que las víctimas de violencia rural tengan su día en la corte.
En Chiapas, HRW encontró una compleja situación con varios grupos, entre ellos nuevos tipos de organizaciones campesinas que apelan a la violencia sin capacitación adecuada para usarlas, e incluso mal armadas.
Estos grupos, notablemente "Paz y Justicia" vinculado al PRI en el norte de Chiapas y los "Chinchulines" cerca de Tuxla Gutiérrez, son distintos de los "Guardias Blancos" contratados, utilizados durante décadas por los caciques para proteger sus intereses.
Paz y Justicia comenzó a acosar, atacar y expulsar a los opositores del PRI, en general activistas del Partido (PRD), en 1995. El grupo sitió un pequeño pueblo, Masoja Shucja, desde junio del año pasado, incluso deteniendo a tres hombres (uno de los cuales "desapareció"), a quienes acusaron de participar en un asesinato.
Cuando un equipo de HRW intentó investigar la situación en el pueblo, descubrió que el general del ejército que entonces comandaba una base cercana desplegó sus tropas en la comunidad e intimidó a testigos.
A pesar de una escolta de la policía estatal, el mismo equipo fue detenido y acosado por miembros de Paz y Justicia en las afueras del poblado, documenta el informe.
De modo similar, en mayo del año pasado, Chinchulines, un grupo de simpatizantes del PRI en un gran ejido en Chilon, Chiapas, atacó a opositores, matando a dos hombres y prendiendo fuego a iglesias y viviendas.
Sólo después de fuertes presiones internacionales el gobierno detuvo a dos hombres acusados de organizar el ataque.
Ambos grupos pro-PRI parecen creer que actúan contra agentes zapatistas, incluyendo la Iglesia Católica Romana, y muchas organizaciones indígenas surgieron en Chiapas en la década de 1970, indica el informe.
Quienes protestan tampoco escaparon del ataque de ciudadanos privados y políticos locales. HRW afirma que al menos 15.000 fueron desplazados de sus hogares en la municipalidad de San Juan Chamula, desde comienzos de los años '70.
Aunque la violencia fue abatida en los últimos años, las autoridades de gobierno nunca se volcaron contra los atacantes, destacó HRW. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/lp/ip-hd/97)
