La delegada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Colombia pidió el martes 20 al gobierno medidas que garanticen a los militantes humanitarios el libre ejercicio de sus actividades, tras el asesinato de dos investigadores.
La solicitud fue hecha por Almudena Mazarraza, directora de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bogotá, en un comunicado en el que condena el asesinato de los esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del Centro de Investigaciones y Cultura Popular (CINEP).
Calderón y Alvarado, así como el padre del primero, fueron asesinados este lunes en su departamento por un grupo de hombres armados.
Según indicó el director de CINEP, Gabriel Izquierdo, los responsables del atentado serían paramilitares.
En el ataque, la madre de Calderón resultó herida y un hijo del matrimonio de 18 meses salió ileso.
Calderón era sociólogo, su esposa comunicadora social y estaban vinculados desde hace cerca de diez años a CINEP, un centro de investigaciones sociales y de promoción de la defensa de derechos humanos orientado por la comunidad jesuíta.
"La Oficina apela a las autoridades colombianas a que, siguiendo las recomendaciones recientemente aprobadas" por el Comité de Derechos Humanos de la ONU "garanticen la investigación pronta e imparcial de estos hechos y se castigue a sus autores" señala el comunicado.
La Defensoría del Pueblo (ombudsman), la Consejería Presidencial para los derechos Humanos, la Comisión Andina de Juristas y cerca de 10 grups humanitrarios también condenaron los asesinatos.
Para el director de CINEP, el asesinato de los dos investigadores forma parte de la "escalada que ha sufrido el conflicto armado en los últimos años, y del cual vienen siendo blanco no sólo activistas de defensa de los derechos humanos sino la población civil".
En carta enviada al presidente Ernesto Samper, el CINEP manifestó su presocupación por la presión que existe sobre las organizaciones no gubernamentales para que no puedan "desarrollar su labor en favor de la vida".
"Calderón era un pacifista que trabajaba con las comunidades en proyectos de medio ambiente y su compañera estaba vinculada a proyectos de democratización en las comunicaciones", señaló Izquierdo.
En los últimos días, grupos paramilitares asesinaron a otras 20 perrsonas en el norte de Colombia.
Según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y de la Comisión del Pacto, los grupos paramilitares colombianos han intensificado sus acciones en los dos últimos años amparados en la impunidad de que gozan.
Un documento del Congreso de Estados Unidos y de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos indica que los escuadrones paramilitares gozan de apoyo en las estructuras del Ejército.
El gobierno reconoció su responsabilidad en el crecimiento de los grupos paramilitares, organizaciones que llegaron a "suplir la ausencia del Estado en regiones del país hostigadas por la guerrilla".
En 1989, los grupos paramilitares, surgidos a comienzos de esa década para combatir a la guerrilla en las zonas rurales, fueron declarados ilegales por sus contactos con el narcotráfico y por haber sido responsables de asesinatos de activistas sociales, dirigentes sindicales y militantes humanitarios.
Según diversos informes, 48 por ciento de las violaciones a los derechos humanos en Colombia, donde son asesinadas anualmente 25.000 personas (para una población de 36 millones) son responsabildad de los grupos paramilitares. (FIN/IPS/yf/dg/ip- hd/97
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