El ex presidente de Chile Patricio Aylwin invocó el miércoles 21 un estatuto diplomático para eludir comparecer ante la justicia española, que lo citó para declarar en un juicio contra el ex dictador de su país y actual jefe del Ejército, Augusto Pinochet.
El juez Manuel García Castellón citó a Aylwin para que declarase este miércoles, al conocer que el ex presidente llegaría a España para pronunciar una conferencia en un recinto académico. El juez investiga la desaparición de españoles y chilenos producida durante la dictadura de Pinochet (1973-90).
Entre las víctimas de los delitos cometidos entre 1973 y 1990 se encuentran decenas de españoles, como Carmelo Soria, los sacerdotes Antoni Llidó y Joan Alsina e hijos de españoles, como José Tohá, quien fue vicepresidente de Chile bajo la presidencia del socialista Salvador Allende (1970-73).
El proceso que instruye García-Castellón por denuncias de familiares de las víctimas se apoya en tratados internacionales contra el genocidio y terrorismo suscritos por España y Chile, el convenio de extradición bilateral y las normas de Derecho Penal Internacional que sancionan los crímenes contra la humanidad.
Los abogados que representan a los familiares de las víctimas sostienen que este proceso es un paso hacia la creación de un espacio judicial democrático iberoamericano, que ayude a prevenir y disuadir a futuros aspirantes a genocidas, por la certeza de que podrán ser perseguidos según los principios de la justicia.
Esos abogados hicieron llegar al juez declaraciones realizadas por Aylwin al diario Excelsior de México el 29 de marzo.
En ellas, el ex presidente dijo que "quien dirige un gobierno con poderes omnímodos en que se cometen los crímenes ocurridos durante la época de Pinochet no podrá evitar que su responsabilidad sea dilucidada y creo que si no lo será ante los tribunales lo será ante la historia".
La decisión personal de Aylwin de acogerse al estatuto diplomático como "embajador itinerante" de su país excluye su testimonio para dilucidar el caso ante los tribunales españoles.
No obstante, fuentes de la acusación contra Pinochet informaron este miércoles que a fines de junio comparecerán ante el juez como testigos el fiscal del distrito estadounidense de Columbia, Lawerence Barcella, y el agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de ese país Carter Cornick.
Ambos, añadieron las mismas fuentes, están relacionados con las investigaciones de crímenes cometidos fuera de Chile por funcionarios de seguridad de Pinochet, como el asesinato del canciller Orlando Letelier, quien murió en Washington al estallar una bomba en su automóvil, el 21 de septiembre de 1976.
García Castellón realizó los trámites pertinentes ante el fiscal general de Estados Unidos para que aporte los documentos referidos a delitos cometidos durante el régimen de Pinochet y que están archivados en el FBI y otros organismos de seguridad de de ese país.
El pedido del juez se basa en el tratado bilateral en materia penal suscrito por España y Estados Unidos.
Además, dijeron los abogados de la acusación, recibieron información de que varios parlamentarios del Partido Demócrata estadounidense se dirigieron al Fiscal General de su país para que el ejecutivo desclasifique documentos todavía secretos y que se aportarían como pruebas al sumario instruido en Madrid.
García Castellón es el primer juez en el mundo que abre una investigación sobre la responsabilidad criminal de Pinochet en el genocidio cometido por personas bajo su mando y por lo tanto el primer juez ante el cual Aylwin podría haber aportado su testimonio, ratificando lo dicho en México, dijeron los abogados.
Aylwin no explicó las razones de su actitud, ni ante el juez ni ante los requerimientos periodísticos. (FIN/IPS/td/dg/ip-hd/97)
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