Los dirigentes aborígenes de Australia se preparan para luchar contra un proyecto de ley que podría acabar con anteriores victorias legales.
El gobierno del primer ministro John Howard pretende suprimir los derechos de los indígenas sobre los contratos de arrendamiento rurales de granjeros y mineros australianos, un derecho corroborado por la Corte Superior en diciembre.
Por la llamada "decisión Wik", la Corte Superior declaró que los títulos nativos de las comunidades aborígenes podrían "coexistir" con los contratos de arrendamiento rurales, si pueden comprobar los vínculos ancestrales con la tierra.
Los aborígenes podrían ingresar a sus tierras tradicionales para realizar ceremonias, visitar sepulcros sagrados o recoger alimentos, según la interpretación de analistas.
Pero los agricultores y mineros temen que la decisión de Wik habilite el camino para que los aborígenes, dos por ciento de los 18 millones de habitantes de Australia, reclamen las tierras.
Aproximadamente 40 por ciento del territorio australiano está regido por contratos de arrendamiento rurales, creados en la época colonial para permitir la agricultura en grandes extensiones de tierra mediante un proceso que desplazó a los habitantes originales.
El proyecto de Howard limita los derechos de negociación de los aborígenes sobre el uso de la tierra mientras extiende los derechos de los agricultores.
Los líderes aborígenes amenazaron con llevar el problema ante la Organización de Naciones Unidas y realizar manifestaciones de protesta en vísperas de las Olimpíadas de Sydney, en el 2000.
Los aborígenes promoverán el boicot de las Olimpíadas si el gobierno de Howard sigue adelante con su plan, advirtió Geoff Clarke, líder indígena.
"Creemos que casi hemos agotado la vía de la diplomacia con el gobierno", dijo.
Como primera medida, los dirigentes indígenas asistirán a la cumbre de los jefes de Estado de la Comunidad Británica de Naciones, que tendrá lugar en Escocia este año, para solicitar el apoyo africano.
En 1992, la Corte Superior rechazó el concepto de "terra nullius", aceptado durante 204 años, que sostenía que Australia era una tierra inhabitada cuando los primeros colonizadores europeos arribaron en 1788.
La corte reconoció los derechos tradicionales de los indígenas para con la tierra y declaró que los habitantes del estrecho de Torres podrían adquirir la zona donde siempre residieron. A ello se le llamó título nativo.
La Ley del Título Nativo, por la que los aborígenes pueden reclamar la propiedad de la tierra si pueden comprobar un vínculo ininterrumpido con la misma, se promulgó en enero de 1994.
En junio de 1993, el pueblo wik del norte de Queensland reclamó el título de propiedad de sus antiguas tierras de la península de Cape York, arrendadas a agricultores blancos en 1915.
En diciembre de 1996, la Corte Superior declaró que los arrendamientos pastorales no suprimían el título nativo.
Desde entonces, agricultores, mineros y miembros del gobierno presionaron a Howard para que presentara una ley en el parlamento que suprima los títulos nativos sobre arrendamientos pastorales y mineros.
"Existen cerca de 500 reclamos registrados de títulos nativos que no fueron resueltos", dijo Donald McGauchie, presidente de la Federación Nacional de Agricultores.
"La decisión de Wik provocó el colapso de las ventas de tierras rurales, la inquietud de los bancos sobre la seguridad de sus fondos (…) la disminución de la actividad inmobiliaria y la renuencia generalizada para invertir en zonas rurales", añadió.
"¿Cuál será el costo para Australia y sus ingresos por concepto de exportaciones si continúa esta situación?", preguntó McGauchie.
El proyecto de Howard, presentado ante el gabinete ministerial el mes pasado, es la respuesta del gobierno a la decisión de Wik.
El proyecto deberá discutirse en la cámara baja, y si se aprueba, probablemente sea objetado en el senado, donde el gobierno no cuenta con la mayoría. Aún si se convierte en ley, la misma puede ser apelada.
El público australiano tendrá que pagar un elevado costo social por las acciones de Howard, advirtió el líder indígena Clarke.
Sin embargo, Howard sostiene que no suprimirá los títulos nativos ni modificará la ley contra la discriminación racial.
Según el proyecto de Howard, los agricultores podrían realizar actividades de producción primaria. Esta definición aumentaría el valor de los contratos de arrendamiento pastorales. Asimismo, los agricultores tendrían mayor libertad para utilizar la tierra que arriendan al Estado, mientras se los protege de los reclamos de títulos nativos.
En abril, Noel Pearson, líder del Grupo de Trabajo Nacional Indígena, presentó una fórmula alternativa al plan del gobierno, pero Howard lo rechazó.
La oferta incluye un acuerdo para perfeccionar el proceso de los títulos nativos y garantiza que no se limitarán los derechos de los agricultores. Pero también elimina la posibilidad de igualar los arrendamientos a los de producción primaria y de suprimir los títulos nativos.
El concepto de "terra nullius" halló una estructura política nueva con el gobierno de Howard aunque haya sido rechazado por la Corte Superior, dijo Pat Dodson, presidente del Consejo de Reconciliación Aborígen.
El verdadero problema radica en la actitud de los australianos hacia las comunidades nativas. "Es fundamental que el gobierno acepte el derecho de negociación de los aborígenes. No se puede tener derecho a la propiedad si no se tiene derecho a decidir sobre la misma".
"En otras circunstancias, políticos conservadores y empresarios habrían respaldado (…) la batalla que la ley consuetudinaria mantiene hace 100 años contra el Estado para proteger los derechos de propiedad", sostuvo Henry Reynolds, historiador de la Universidad James Cookes.
El "problema en el caso de los wik fue que las personas equivocadas obtuvieron los derechos", agregó.
"Se quejan de que por primera vez en 200 años tendrán que tratar a los indígenas australianos como iguales, que los aborígenes podrán sentarse a la mesa de negociación con algo concreto además de su indignación moral", añadió Reynolds. (FIN/IPS/tra-en/ks/js/aq/pr/97
