El gobierno de Chile se apresta a eliminar parte de los subsidios que el Estado otorga a las instituciones privadas de salud previsional (Isapres), creadas en 1983 por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Así lo indican versiones extraoficiales, que no han sido desmentidas por las autoridades gubernamentales. El anuncio sería oficializado por el presidente Eduardo Frei en su mensaje ante el Parlamento del día 21.
Esta medida contribuirá a mejorar la situación del sector público de atención de salud, postergado por los beneficios que se otorgan a esas instituciones privadas, manifestó el presidente del Colegio Médico, Enrique Accorsi.
El Estado chileno subsidia a las Isapres bajo diversos mecanismos, hasta totalizar aportes que cada año se estiman en unos 230 millones de dólares, de los cuales se eliminarían unos 73 millones, correspondientes a aportes previsionales.
Chile fue el primer país latinoamericano en privatizar la salud, en el marco de las reformas implantadas por la dictadura de Pinochet bajo un esquema neoliberal, que incluyeron también la privatización del sistema de pensiones.
Estas instituciones privadas compiten en el mercado para captar los aportes de previsión de salud, que equivalen a siete por ciento de las remuneraciones, ofreciendo mejores planes de atención a quienes tienen mayores rentas.
El Estado les otorga adicionalmente un subsidio equivalente a dos por ciento de esas cotizaciones, con el cual en teoría las Isapres deberían garantizar la oferta de programas óptimos de atención para afiliados de bajas remuneraciones.
Pero este mecanismo no opera en la práctica, y 70 por ciento de la población del país, que representa a los estratos de menores ingresos, debe atenderse a través del estatal Fondo Nacional de la Salud (Fonasa), que sólo capta 30 por ciento de las cotizaciones.
Las Isapres, a la inversa, captan 70 por ciento de los depósitos mensuales de la población económicamente activa, y con esos recursos atienden sólo a sus afiliados, que representan 30 por ciento de los casi 15 millones de chilenos.
El modelo de las Isapres chilenas se aplica con variantes desde 1993 en Colombia y está siendo analizado tanto en el resto de América Latina como en Europa del Este, donde el sistema estatal de salud enfrenta profundas crisis.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en Santiago, postula una modernización del sector salud en la región, que requiere la participación de los privados.
Pero la propia Cepal advierte que el Estado no puede restarse a un papel de regulación y supervisión que contrarreste las inequidades generadas por las medidas de desregulación, que tienden a favorecer a los sectores de mayores ingresos.
Las Isapres son cuestionadas en Chile por el Colegio Médico y sectores políticos de centro e izquierda, que atribuyen el fortalecimiento de estas instituciones empresariales a las ventajas desmedidas que les otorga el Estado.
Accorsi calificó la eliminación del subsidio de dos por ciento de las cotizaciones como "una muy buena noticia", y abogó por la revisión de las otras formas de financiamiento que el Estado otorga a la salud privatizada.
Entre estas se incluyen las prestaciones que el sistema público da en sus hospitales a los afiliados a Isapres, equivalentes a unos 48 millones de dólares al año, y los subsidios por maternidad, del orden de los 78 millones de dólares.
El Estado igualmente se hace cargo de las inmunizaciones de los afiliados a las Isapres a través de las campañas de vacunación, y distribuye de manera gratuita leche para recién nacidos sin discriminar entre tributarios de Fonasa o de las entidades privadas.
"Aquí estamos apuntando a un problema de justicia", dijo Accorsi a propósito de la eliminación de los subsidios. "En este momento el sistema público y el gobierno están financiando a la actividad privada", agregó.
Para el Colegio Médico lo esencial es la redestinación de estos recursos al sistema de hospitales y consultorios públicos, que atraviesan por graves crisis por la falta de recursos para infraestructura, y para mejorar los sueldos de sus profesionales.
Manuel Urmeneta, presidente de la Asociación de Isapres, calificó en cambio la anunciada eliminación del subsidio como un retroceso, en cuanto implica "volver a los mismos errores del pasado" en que se legislaba sin considerar a las personas.
Según Urmeneta, el aporte extra a los depósitos previsionales, "no es un subsidio a las empresas, sino un beneficio del dos por ciento a las personas".
El presidente de la asociación empresarial señaló que las Isapres no incrementarán las cotizaciones de sus afiliados para contrarrestar este menor ingreso, pero pronosticó un masivo regreso de cotizantes de bajas rentas al Fonasa.
Esta posibilidad fue desechada por fuentes gubernamentales, las cuales dijeron al diario La Epoca que el sistema privado cuenta ya con mecanismos para reubicar de una Isapre a otra a afiliados con bajas rentas.
La eliminación del subsidio tomó cuerpo desde el lunes último, cuando el ministro de Salud, Alex Figueroa, dijo en un discurso público que "el Estado chileno ha ayudado muchos años al sistema de Isapres a consolidarse".
Frei también se manifestó anteriormente en contra de los "subsidios cruzados" a la salud privada y se espera que el tema sea uno de los principales en el Mensaje a la Nación con que inaugurará el próximo miércoles la legislatura ordinaria del Congreso en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago. (FIN/IPS/ggr/jc/ip-he/97
