Los seis principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) cumplieron hoy 23 días de una huelga de hambre que los coloca al borde del estado de coma y, pese a la proximidad de las elecciones de este domingo, ni gobierno ni trabajadores ceden en sus posiciones.
Mientras el gobierno asegura que no iniciará el diálogo con la COB mientras existan medidas de presión, los dirigentes sindicales sostienen que la huelga de hambre y las movilizaciones en las calles son la única garantía que tienen para obligar a las autoridades a dialogar.
Con la huelga de hambre, la COB quiere presionar al gobierno a aceptar el "pliego único" de los trabajadores, que contiene desde reivindicaciones sectoriales hasta una demanda de aumento salarial.
El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada aseguró que es "imposible iniciar negociaciones si no se levantan las medidas de presión", mientras el secretario ejecutivo de la COB, Edgar Ramírez, en ayuno voluntario desde hace 23 días, reiteró que no levantará la huelga hasta no recibir una respuesta del gobierno.
Al pedido de Sánchez de Lozada para que los dirigentes sindicales levanten la huelga de hambre, se sumó la Corte Nacional Electoral, a la que le preocupa que la COB cumpla su advertencia de hacer marchas y protestas callejeras este domingo, día de las elecciones generales.
En respuesta, el dirigente sindical Lucio González dijo que no es intención de los trabajadores sabotear las elecciones, sino pedir que el gobierno atienda las demandas de la máxima organización sindical de este país.
Además de los seis máximos dirigentes de la COB en huelga desde el día 5, cerca de un centenar de dirigentes medios cumplen similar medida en diferentes ciudades de este país, aunque con menores tiempos de ayuno voluntario.
El caso de la cúpula de la COB preocupa a los médicos que atienden al grupo, porque algunos se encontrarían muy cerca de entrar en estado de coma, anunció este martes Jaime Mollinedo, médico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
Incluso Sánchez de Lozada manifestó preocupación por el estado de salud del líder de la COB, Edgar "Huracán" Ramírez.
"Sabemos que el 'Huracán' Ramírez, a quien yo conozco mucho porque fui empresario minero, es un hombre honesto, completamente comprometido con una posición fundamental, que yo puedo creer que es equivocada, pero que indudablemente es respetable", dijo el mandatario.
El punto central del paquete de demandas de los trabajadores es el incremento salarial, tema cerrado por el gobierno con el aumento aprobado de 11 por ciento para el magisterio y 7,5 por ciento para el resto del sector público.
El salario básico actual es equivalente a unos 50 dólares y la COB, aunque no tiene definido un porcentaje de incremento, exige un aumento salarial que permita a una familia cubrir el costo de la canasta familiar, que representa unos 286 dólares mensuales.
La COB exige también que se deroguen de algunas reformas estructurales ya aplicadas por el gobierno, como la privatización de empresas estatales o la nueva ley de pensiones, que introduce las administradoras privadas de fondos de pensiones.
El gobierno ha respondido que esas reformas son irreversibles y que nada lo hará retroceder a poco más de sólo dos meses de la finalización de su gestióna, el 6 de agosto próximo.
La COB, reconocida antiguamente a nivel internacional por su capacidad combativa y por ser una de las pocas centrales unitarias, ha perdido credibilidad y capacidad de convocatoria en los últimos 15 años, lo que facilita a los gobiernos pasar por alto sus demandas sin aparecer como insensible.
En ese contexto, incluso las movilizaciones de protesta en las calles dejan una imagen negativa para la COB, debido a las violentas de los maestros de la educación pública, que en las últimas semanas provocaron bloqueos de calles.
Algunos analistas estiman que en los próximos días el gobierno ordene a la policía el desalojo forzado de los "piquetes" de huelga de hambre para internar a los dirigentes en clínicas de recuperación.
Si los dirigentes insisten en ordenar una marcha para el día de las elecciones, las fuerzas policiales y militares controlarán las calles para evitar cualquier movilización, en cumplimiento de las disposiciones legales, anunciaron vocales de la Corte Nacional Electoral. (FIN/IPS/jcr/ag/ip/97
