Desde mayo, el ingreso mínimo de los trabajadores venezolanos urbanos será de 156 dólares, un 46 por ciento por encima del actual, según determinó hoy el gobierno de Rafael Caldera.
La ministra de Trabajo, María Bernardoni, indicó que el incremento favorece sólo a los laboradores en el sector privado, ya que el millón ocupado por el Estado ya tiene ingresos superiores al mínimo pautado.
Por ahora, del total del ingreso mínimo, sólo el equivalente a 31 dólares son salario y el incremento establecido este miércoles se realizará mediante un aumento de los bonos de transporte y alimentación a los que tienen derecho los trabajadores cuyo sueldo sea inferior a 160 dólares mensuales.
Bernardoni también anticipó que se decidió prorrogar por otros 45 días el decreto de inamovilidad laboral en el sector privado, decretado en marzo, en espera de que salga del parlamento el cambio de régimen laboral pactado entre los sindicatos, los empresarios y el gobierno el 17 de marzo.
La ministra reconoció que el ingreso mínimo representa la mitad del costo de la cesta alimentaria y dijo que el gobierno consideró que en cada hogar son dos las personas que aportan un ingreso mínimo.
En Venezuela la población económicamente activa está por encima de los ocho millones de personas, del total de 22 millones de habitantes.
De ese total activo, según cifras suministradas por Bernardoni, sólo la mitad está empleada en el círcuito formal de la economía. El desempleo en ese sector llega casi al 13 por ciento, de acuerdo a cifras oficiales, que los sindicatos duplican.
El precario sector informal no tiene protección ni derecho al ingreso mínimo decretado por el gobierno, que Caldera va a comunicar oficialmente al país con motivo de su discurso del 1 de mayo, al que prometió "no llegar con las manos vacías" para el 80 por ciento de la población que vive en pobreza en Venezuela.
La distorsionada estructura del ingreso venezolano está originada en el recálculo de las prestaciones acumuladas por el trabajador al último salario devengado, a la hora de cesar su relación laboral, que con la alta inflación de esta década se ha convertido en una "bestia negra" para los empresarios.
La llamada comisión tripartita eliminó esa llamada retroactividad, a cambio de duplicar las prestaciones anuales desde el segundo año trabajado y el establecimiento de un nuevo sistema de seguridad social, que sustituya al inservible actual.
Por ello, hasta que ese reforma se haga efectiva, se mantiene en niveles irrisorios el salario, para evitar que incida en el cálculo de prestaciones que rigen hasta que rija legalmente el nuevo sistema.
A la medida de un nuevo bono se oponían fuertemente los empresarios privados, mientras que era defendido por las mayores centrales sindicales.
La población se manifestó a través de llamadas a las emisoras locales resumiendo que ese incremento puede ser satisfactorio sólo para quien, como Caldera, nunca tuvo que ir a comprar comida, pagar la luz o el teléfono, o usar el transporte público.
Caldera había prometido que habría un incremento del salario mínimo, el único que es decretado como base para la escala de sueldos por el presidente, con motivo del 1 de mayo. Pero debió hacerlo mediante las bonificaciones, ante la falta de aprobación de la reforma en el Congreso.
Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó finalmente en primera discusión el proyecto de nuevo sistema laboral, presentado a su consideración urgente por el gobierno el día 8. (FIN/IPS/eg/ag/lb/97