La prensa internacional destacó hoy el rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón en Perú como el más exitoso desde la acción de un comando israelí en el aeropuerto de Entebbe, Uganda, en 1976.
Los aspectos militares de la operación relegaron a un segundo plano el alto costo en vidas, pese a la firme actitud de Japón en favor de una solución negociada, asumida desde el mismo 17 de diciembre, cuando el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) tomó la sede diplomática.
Esta posición de Tokio contraria a una acción militar que pusiera en peligro la vida de los 72 rehenes, entre ellos 24 japoneses, destaca aún más el amplio respaldo internacional recibido por el presidente de Perú, Alberto Fujimori.
El primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, lamentó que su país no fuera informado de antemano del operativo, pero saludó la decisión de Fujimori "por haber sabido utilizar espléndidamente la oportunidad", y el gobierno de Estados Unidos no cuestionó la decisión del mandatario peruano.
En una operación de 40 minutos realizada a la luz del día, en la que murieron un rehén, dos soldados y los 14 miembros del comando guerrillero, concluyó la crisis de la embajada de Japón en Lima, que se prolongó durante 127 días.
El desenlace cruento ha sido casi una constante de la aplicación de soluciones violentas para las tomas masivas de rehenes.
La acción del MRTA es la más importante de este tipo realizada en el continente americano en las dos últimas décadas y la primera desde que en noviembre de 1985 el grupo guerrillero colombiano M- 19 capturara a 400 personas al asaltar el Palacio de Justicia de Bogotá.
En América Latina se han producido cinco grandes tomas de rehenes por organizaciones guerrilleras en los últimos 18 años, involucrando a algo más de 1.000 rehenes.
La modalidad fue practicada con singular resonancia en agosto de 1978 por los sandinistas nicaragüenses, al tomar la sede del parlamento en Managua y capturar por tres días a varios centenares de personas, entre las cuales 60 legisladores, acción que dio nacimiento al mito del "comandante Cero", Edén Pastora.
Pocos años después, en 1980, el M-19 asaltó la embajada de República Dominicana en Bogotá, tomando a unos 60 rehenes, y en 1982 guerrilleros hondureños retendrían a 105 personas que se hallaban en la Cámara de Comercio de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte del país.
Hasta la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, las acciones de este tipo se habían saldado con éxito para los insurgentes que las impulsaron, incluso la de Managua de 1978, en la que murieron 14 personas.
Pero el 7 de noviembre de 1985 el gobierno del presidente Belisario Betancur decidió no ceder a las exigencias del comando guerrillero y fuerzas de élite atacaron la sede judicial, ubicado en el centro de la capital colombiana, a pocos metros del palacio de gobierno y del Congreso.
Fuentes oficiales difundieron un balance de 115 personas muertas, pero organizaciones humanitarias y grupos de oposición replicaron que el saldo del ataque militar había sido aún más sangriento, y que supuestos guerrilleros fueron lisa y llanamente ejecutados cuando estaban heridos.
Esta sospecha planea también en el caso del rescate de la embajada de Japón en Lima.
Fuentes periodísticas peruanas ubicadas en las cercanías de la sede diplomática aseguraron haber grabado con micrófonos direccionales un intento de rendición de algunos miembros del comando guerrillero, pero el pacto no fue luego respetado por los militares peruanos.
Esta versión, recogida por el diario El Observador de Montevideo, explicaría el escaso costo en vidas de militares y rehenes que tuvo la operación de rescate en la sede diplomática japonesa. (FIN/IPS/ag/ip/97