Cinco años después de que el gobierno de Mozambique decidió devolver parte de los inmuebles que nacionalizó en 1976, los propietarios de las viviendas confiscadas siguen luchando para recuperarlas.
La Asociación de Propietarios Mozambiqueños de Inmuebles Nacionalizados (PROBEM) acusó a la Administración Inmobiliaria del Estado (APIE) de retrasar la restitución de las viviendas.
A su vez, el gobierno acusó a los ex propietarios de emitir documentos de restitución y ordenar a los moradores a pagarles arrendamiento o abandonar las viviendas.
En julio de 1976, un año después de su independencia de Portugal, el gobierno socialista de Mozambique decretó que "cada familia tendrá derecho a una vivienda con fines residenciales", pero no más.
El decreto prohibió el arrendamiento y el gobierno confiscó las viviendas arrendadas por personas privadas.
APIE pasó a recibir el arrendamiento de los moradores que ocuparon las viviendas luego de su nacionalización.
Poco antes del acuerdo de paz de 1992 que terminó con 17 años de guerra civil, el parlamento decidió devolver algunas de las viviendas confiscadas.
La ley de 1992 incluyó solo las viviendas suburbanas y no a las de ciudades que el gobierno comenzó a vender a plazos a partir de 1991.
Las 7.000 viviendas cubiertas por la ley no fueron devueltas por lo que los propietarios formaron PROBEM en agosto de 1995 para conseguir la restitución.
La asociación y APIE mantuvieron conversaciones al respecto, que concluyeron luego que los propietarios exigieran una asignación mensual del estado para sus 3.500 miembros.
Cuando el gobierno rechazó la idea de la asignación, la asociación emitió documentos que sostenían que las viviendas habían sido devueltas a sus propietarios y exigió a sus moradores que pagaran arrendamiento o abandonaran las residencias.
El director de APIE, Moises Bungueia, instruyó a los moradores que ignoraran los documentos de PROBEM.
"APIE está trabajando para llegar a una solución que proteja los intereses de los ex propietarios y espera que PROBEM tenga una actitud cooperativa para que el proceso pueda tener éxito", declaró Bungueia en un comunicado.
El presidente de PROBEM, Isac Aly Amade, dijo que las acusaciones contra la organización carecían de fundamento.
En una reunión con APIE en septiembre de 1995, se resolvió que los casos complicados se resolverían en forma gradual mientras que se haría una lista de los casos conflictivos y sus propietarios, agregó Amade.
El director de APIE no participó en reuniones posteriores, por lo que PROBEM concluyó que el estado no tenía interés en devolver las viviendas, dijo Amade.
Como resultado, "decidimos trabajar por nuestra cuenta para resolver los problemas menos complicados y procedimos a firmar los documentos que restituyen las viviendas y se lo comunicamos a APIE", explicó Amade.
Los moradores no saben si obedecer al gobierno o a la asociación de propietarios.
Por un lado, tienen los contratos de arrendamiento con APIE, y por el otro, los documentos de restitución de PROBEM. También les preocupa la posibilidad de tener que abandonar sus hogares ya que la situación de la vivienda en Maputo es crítica y hay gente que vive en garajes.
El Ministerio de Obras Públicas decidió mediar en el asunto y designó una comisión que buscará una solución junto a APIE y PROBEM.
"No creo que haya nada que discutir. El estado tiene que devolver lo que tomó porque no le pertenece. No veo cuál es el problema", dijo Abdul Mohamed, propietario de una casa confiscada en un suburbio de Maputo.
Una mujer dijo que necesitaba recuperar en forma urgente las dos casas que le quitó el gobierno. "Soy viuda y no tengo otra fuente de ingresos que mi pensión. Cuando me devuelvan las casas confiscadas, voy a tener dinero para cuidar a mi familia", declaró a IPS. (FIN/IPS/tra-en/dm/kb/aq/pr/97
