Una "ley mordaza" contra la prensa aprobada por el Congreso en Honduras recordó las acciones en ese sentido de la dictadura del general Tiburcio Carías Andino en los años 30 y 40.
Caracterizada por la consigna "entierro, encierro y destierro", la dictadura de Carías (1933-49) fue el período en que la prensa sufrió mayor represión y muchos hondureños debieron partir al exilio, entre ellos el actual presidente, Carlos Roberto Reina.
Pero ese capítulo de la historia de Honduras parece haber retornado con la aprobación en febrero de una drástica reforma al Código Penal, que prohíbe incluso las protestas públicas sin autorización.
Integrantes del llamado Frente Cívico, que reúne a miembros de la sociedad civil y grupos empresariales, denunciaron los "artículos ocultos" del nuevo Código.
En cuanto a la prensa, se aprobaron ocho artículos según los cuales las personas que cometan delitos de calumnia y difamación sufrirán penas de seis a ocho años de prisión, sin fianza.
Además, prevé multas de 3.000 dólares para propietarios, directores o gerentes medios de comunicación que, violando la la Ley de Emisión del Pensamiento, dejen de publicar en los plazos señalados las explicaciones, desmentidos, descargos o aclaraciones formuladas por los afectados.
La la nueva ley del Código Penal establece que "será penado por injuria, con reclusión de dos a cinco años, quien profiera expresión o ejecute acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona".
Según los medios de comunicación hondureños, la reforma constituye un atentado a la libertad de prensa, pues crea un régimen de protección en torno a los funcionarios públicos.
Diario Tiempo, de la norteña ciudad de San Pedro Sula, afirmó que con esta "ley mordaza" se busca silenciar las denuncias de la prensa sobre casos de corrupción pública y privada.
El diputado y periodista Andrés Torres dijo que las reformas aprobadas por el Congreso deben ser revisadas.
"Ahora ya no podremos decir nada, señalar errores, porque corremos el riesgo de ir presos", dijo a IPS Alba de Mejía, del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, quien añadió que según la ley, para protestar debe pedir permiso.
"Parece que hay grupos interesados en silenciar a la sociedad civil", apuntó Mejía.
Danillo Arbilla, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), declaró el 21 de marzo en Tegucigalpa que las leyes aprobadas por el Congreso hondureño lesionan a la prensa y atentan contra la democracia.
Las penas contra los delitos de difamación, injurias, desacato y ofensa "van dirigidas de forma notoria contra la libertad de prensa y en los países con jurisprudencia moderna esto se está descartando", dijo Arbilla, director del semanario Búsqueda de Montevideo.
El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), emitió un comunicado donde señala que las reformas penales obedecen a un exceso de autoridad por parte de los legisladores.
Hasta el momento, el Colegio de Periodistas de Honduras no se ha pronunciado sobre la "ley mordaza".
El presidente del Congreso, Carlos Flores, precandidato a la Presidencia del gobernante Partido Liberal, se mostró dispuesto a revisar las reformas, al reconocer que hay lagunas que pueden corregirse. (FIN/IPS/tm/ag/ip/97
