El principio de acuerdo entre Estados Unidos y la Comisión Europea sobre la polémica ley estadounidense Helms-Burton remueve temporalmente un factor irritante en las relaciones transatlánticas y una gran amenaza a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
"Es importante que nos demos un respiro", dijo el viernes por la noche el negociador estadounidense Stuart Eizenstat en una conferencia de prensa, donde anunció un acuerdo tentativo con la Unión Europea (UE) que podría llevar a la suspensión del contencioso presentado por el bloque ante la OMC.
Un panel de expertos de la organización comercial debía reunirse la próxima semana para expedirse sobre la queja de la UE, según la cual la ley Helms-Burton, que desalienta las inversiones de terceros países en Cuba, es ilegal por su extraterritorialidad.
Pero Washington y Bruselas acordaron "desarrollar disciplinas" destinadas a desalentar en empresas y ciudadanos la inversión en bienes que fueron ilegalmente expropiados según las leyes internacionales, explicó Eizenstat.
A diferencia de la ley Helms-Burton, que sanciona únicamente las inversiones en Cuba, el acuerdo se aplicaría a compañías que invierten en propiedades confiscadas en cualquier país del mundo.
El plazo para tal acuerdo, según lo negociado el viernes, vence el 15 de octubre. Hasta entonces, la UE dejaría en suspenso su queja contra Washington.
A cambio de eso, la administración del presidente Bill Clinton prometió intentar persuadir al Congreso de modificar o eliminar el Título IV de la controvertida ley, que niega la entrada al país a los ejecutivos de empresas extranjeras que hayan invertido en bienes expropiados a estadounidenses en Cuba.
Hasta el momento, el gobierno canceló visas a unos 12 empresarios extranjeros del Grupo Domos de México y Sherritt International, una compañía minera canadienses.
La Casa Blanca también amenazó en los últimos meses con tomar medidas contra ejecutivos españoles e italianos cuyas empresas tienen inversiones en Cuba.
Pero el Título IV no es la parte más cuestionable de la ley para la UE, Canadá y otros socios comerciales de Estados Unidos, sino el III, que permite a los estadounidenses cuyos bienes en Cuba fueron confiscados tras la revolución de 1959 demandar por daños a aquellas empresas e individuos que negocien con sus propiedades.
Clinton ya ejerció dos veces consecutivas su derecho a postergar por seis meses ese capítulo de la ley.
En la última ocasión, el pasado enero, el mandatario anunció que suspendería la aplicación del Título III indefinidamente siempre que otros países promuevan reformas políticas y económicas en el régimen socialista del presidente cubano Fidel Castro.
Pero el Título IV no puede ser suspendido por el presidente, por lo tanto éste deberá presionar para su eliminación como condición mínima para cumplir con lo acordado el viernes.
El acuerdo se produjo justo a tiempo, ya que la UE debía presentar este lunes su primer escrito ante el panel de tres miembros designado en febrero por la OMC para estudiar el caso.
Se prevé que los negociadores de la Comisión Europea, encabezados por el comisario de Comercio, Leon Brittan, asegurarán la aprobación formal del acuerdo en la mañana del lunes, cuando representantes de los países miembros del bloque se reúnan en Bruselas, según Eizenstat.
La UE, Canadá, México y otros países arguyeron que la ley Helms- Burton, aprobada en el Congreso tras el derribo en Cuba de dos avionetas estadounidenses piloteadas por anticastristas, viola el derecho comercial internacional y constituye un intento ilegal de imponer la ley de Estados Unidos a otros países.
Canadá y la UE prepararon medidas de represalia, pero el bloque europeo fue el único que presentó una queja formal ante la OMC.
Washington replicó que la OMC carece de jurisdicción sobre el asunto, ya que, a su entender, la de la ley Helms-Burton no es una disputa comercial, sino un caso de seguridad nacional.
Esta postura provocó una ola de protestas entre diplomáticos y promotores del comercio, quienes advirtieron que la OMC perderá credibilidad en la resolución de disputas comerciales si los países pueden decidir por sí mismos cuándo invocar asuntos de seguridad nacional.
El director general de la OMC, Renato Ruggiero, agregó leña al fuego al designar un papel excepcionalmente prestigioso para expedirse sobre el caso.
El panel está integrado por Arthur Dunkel, ex director del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, la institución predecesora de la OMC; Tommy Koh, el diplomático de Singapur que supervisó las negociaciones sobre Derecho del Mar en la ONU, y Edward Woodfield, un experto en comercio internacional y ex embajador de Nueva Zelanda en Washington.
Temiendo dañar irreversiblemente a la OMC, Washington y Bruselas intensificaron sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo para salvar las apariencias.
Eizenstat destacó que un acuerdo bilateral sobre inversiones en bienes confiscados a nivel mundial es un emprendimiento ambicioso, particularmente en lo relacionado con las expropiaciones comunistas en Europa central y oriental.
Algunos analistas anticiparon que las expropiaciones israelíes de bienes palestinos podrían causar graves problemas. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/ml/ip-if/97
