El gobierno provisional de Ecuador apoyará a las comunidades de la región amazónica que enfrentan judicialmente a la compañía petrolera Texaco en una corte de la ciudad de Nueva York, informó a IPS la Procuraduría General del Estado.
La decisión del gobierno ecuatoriano será anunciada oficialmente esta semana, una vez que "se dé forma a la demanda donde el Estado será parte coadyuvante y se resuelvan los temas referentes a la soberanía nacional", dijo a IPS Carmen Pereira, vocera de la Procuraduría.
Ecuador tendrá que renunciar a su derecho soberano de enjuciar a la petrolera en su territorio y "deberá evitar el riesgo de ser procesado en el exterior", ya que la petrolera estatal Petroecuador participó en el contrato con Texaco a través de sus filiales Petrocomercial y Petroindustrial, explicó Pereira.
El representante legal de Ecuador será el cónsul en Nueva York, ciudad estadounidense donde se tramita el juicio y donde la Texaco mantiene sus oficinas centrales, dijo la vocera.
La resolución de las autoridades abre un nuevo capítulo en este juicio que se inició en 1993 por iniciativa de unas 120 comunidades de indígenas y colonos de la selva amazónica ecuatoriana, donde Texaco trabajó durante 25 años.
Según la demanda de las comunidades, la firma petrolera provocó daños ambientales y sociales que afectaron a más de 30.000 personas y fueron valorados en unos 800 millones de dólares, por lo que exigen una indemnización no menor a ocho millones de dólares.
El caso estaba suspendido desde finales de 1996, pues el juez que lo seguía, Jed Rackkof, consideró que debía llevarse a cabo en territorio ecuatoriano.
Sin embargo, la parte litigante, representada por el abogado Cristóbal Bonifaz, apeló la decisión del juez, quien acogió la petición bajo la condición de que Ecuador renuncie a su derecho soberano de procesar a la petrolera y se pronuncie a favor de los demandantes antes del día 30.
Si las autoridades ecuatorianas decidían mantenerse al margen del proceso, el caso quedaría suspendido definitivamente.
El viernes pasado unos 300 habitantes de las comunidades demandantes estuvieron en Quito para exigir un pronunciamiento a las autoridades de la procuraduría, entidad encargada de deliberar sobre este caso.
En esa ocasión el procurador, Milton Alava, consideró que Ecuador corría riesgo de ser demandado por la Texaco, pues esta trasnacional realizó sus operaciones en coordinación con la petrolera estatal Petroecuador.
Según Alava, el gobierno estaría dispuesto a iniciar un proceso en Ecuador bajo las leyes del país sudamericano, pues de esa forma "no se pondrá en riesgo la soberanía" nacional.
Además, las autoridades consideraron que Ecuador mantenía un compromiso pendiente con Texaco, ya que se había suscrito un contrato para la reparación de daños ambientales, bajo el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-96).
Pero ese contrato fue suspendido parcialmente por la administración de Abdalá Bucaram, quien estuvo sólo seis meses en la presidencia.
La suspensión del contrato se basó en un informe elaborado por expertos de Petroecuador, de acuerdo a cuales los trabajos ambientales se realizaban sin las normas técnicas requeridas.
"Los territorios dados en concesión a Texaco para la explotación son los que entran en la demanda. Por eso el juicio es en contra de esa petrolera y no contra el Estado ecuatoriano" a través de Petroecuador, explicó Bonifaz, quien estuvo en Quito para apoyar a sus representados.
Petroecuador "no participó en los trabajos de explotación, sino que brindó su infraestructura para el transporte del crudo", dijo el abogado "y por eso no puede ser sujeto de ninguna acción legal en su contra".
Además, Texaco operó en el país a través de sus filiales. "Ello nos obliga a presentar la demanda en Nueva York", donde la petrolera mantiene su sede, consideró Bonifaz.
El abogado sostuvo reuniones con Alava y con el minstro de Energía y Minas Raúl Baca quienes "se mostraron dispuestos a escuchar" sus argumentos", apuntó Bonifaz al reiterar que el Estado participará como demandante en el juicio pues "es su territorio el que sufrió daños por 800 millones de dólares".
Texaco abandonó Ecuador en 1992, luego de 25 años ininterrumpidos de trabajos de explotación en la región amazónica, de donde extrajo 14.000 millones de barriles de pretróleo. (FIN/IPS/mg/dg/ip-if/97
