Las asociaciones de autodefensa creadas por el gobierno de Colombia para combatir la delincuencia con el nombre de Cooperativas de Vigilancia (Convivir) están en la mira de organismos internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos.
El funcionamiento de esos grupos es examinado en Ginebra por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en Nueva York por el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Ambos organismos consideran que la existencia de las Convivir agrava la situación de los derechos humanos de Colombia, que, con cerca de 30.000 asesinatos al año, es considerado uno de los paises más violentos del mundo.
No obstante, para Alvaro Uribe, gobernador de Antioquia (noroeste de Colombia), donde existen 70 asociaciones de este tipo, la intervención de la ONU debe limitarse a "ayudar a resolver el problema de la violencia" pero no a negar a las autoridades "el derecho a buscar cómo resolverlo".
En Antioquia se necesita "fomentar la colaboración ciudadana con las instituciones" y con esa orientación se seguirán promoviendo las Convivir, dijo.
Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, Medellín, capital de Antioquia y centro de operaciones del liquidado Cartel de Medellín del narcotráfico, es una de las ciudades más violentas de América Latina, junto a Cali, Río de Janeiro y Caracas.
El Comité del Pacto sugirió la semana pasada suprimir estas organizaciones de civiles armados.
Integrado por 18 expertos internacionales en el tema de los derechos humanos, el Comité considera que las Convivir apoyan a los grupos paramilitares de derecha, a los que se atribuye 48 por ciento de las muertes políticas o presumiblemente políticas que ocurren en el país.
Estas cooperativas civiles son acusadas, entre otros crímenes, del asesinato, en marzo, de siete personas en el departamento norteño de César.
El consejero presidencial para los Derechos Humanos, Carlos de Roux, consideró que en esos hechos se vieron involucrados integrantes de ocho Convivir del departamento de Antioquia.
Carlos Díez, presidente de las Convivir de Antioquia, afirmó que estas asociaciones "están contruyendo un aparato civil para apoyar a la autoridad legítima" y por ello deben ser respaldadas.
"La guerrilla se ha dado a la tarea de desvirtuar la esencia de estos grupos de ciudadanos legítimos" que actúan "dentro de una normatividad jurídica creada por el gobierno", sostuvo.
Para el comandante de las Fuerzas Armadas, Harold Bedoya, las Convivir son organizaciones "consitucionales propuestas por la fuerza pública y el gobierno para luchar contra la delincuencia'.
Bedoya no sólo defiende las Convivir sino que ha propuesto la creación de "milicias nacionales" integradas "por la misma sociedad para su defensa" con el fin de apoyar al ejército en la vigilancia de los oleoductos atacados por la guerrilla y en la seguridad de las fronteras.
Las asociaciones de autodefensa fueron reconocidas jurídicamente el 11 de febrero de 1994 y reglamentadas en abril del año siguiente.
La ley establece que su objetivo es agrupar a la sociedad civil mediante redes armadas y de comunicaciones para proveer su propia seguridad y apoyar al ejército en esa función.
Las primeras Convivir surgieron en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca (centro). Posteriormente se sumaron Santander (este), Boyacá (centro) y Córdoba (norte).
En esas zonas, con fuerte presencia guerrillera y paramilitar y un elevado índice de violaciones a los derechos humanos, operan 318 de las 381 asociaciones de este tipo existentes en el país.
Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, que debe autorizar su funcionamiento, existen tres tipos de asociaciones: las que, sin armas, realizan actividades de inteligencia, las que efectúan acciones de tipo preventivo (15 por ciento del total) y las armadas que operan en zonas de conflicto con la guerrilla.
Para el analista del diario El Espectador Antonio Montaña, las Convivir y las milicias propuestas por Bedoya se asimilan a los grupos paramilitares de derecha creados por el gobierno y armados por el Ejército en la década de los 80 para conbatir a la guerrilla.
Esos grupos fueron declarados ilegales en 1989 debido a que extendieron su confrontación con la guerrilla a activistas sociales y de izquierda y por sus vínculos con el narcotráfico. (FIN/IPS/yf/dg/ip-hd/97
