El presidente estadounidense Bill Clinton presentará propuestas económicas en la cumbre de mayo con los mandatarios del Caribe, pero atacará el defectuoso control de drogas y armas y la lentitud de la apertura económica de la región en algunos sectores, según las previsiones.
Al menos, eso es lo que opinan los líderes políticos de la región que se reunieron en Trinidad y Tobago el fin de semana para acordar los temas de la cumbre y comenzar a trabajar sobre un plan de acción posterior.
Pese a que el comunicado de prensa se refirió a las conversaciones como "cordiales", la sensación en el hotel Mt. Irvine, donde se desarrollaron las discusiones, era que el equipo de Estados Unidos estaba mejor preparado que sus colegas del Caribe.
El canciller de Trinidad y Tobago, Ralph Maraj, representó al Caribe en las negociaciones preparatorias, mientras que Estados Unidos estuvo representado por el enviado especial Richard Clark.
Estados Unidos presentó dos documentos con propuestas de desarrollo económico, ambiente, seguridad regional y justicia.
Las negociaciones del fin de semana fueron, en gran parte, una respuesta a la lista de propuestas estadounidenses, ya que las naciones caribeñas no presentaron iniciativas propias.
Aunque los delegados del Caribe discutieron la posibilidad de emitir su propia declaración al final de la reunión, otros manifestaron su acuerdo con las propuestas de Estados Unidos. "No veo en que podríamos oponernos", dijo un funcionario.
Sin embargo, la cuestión del tráfico de armas parece ser polémica, ya que el Caribe pretende que Estados Unidos asigne la misma cantidad de dinero a la lucha contra el comercio ilegal de armas que al tráfico de drogas.
Estados Unidos es un importador neto de drogas ilegales, pero también es un importante exportador de armas legales e ilegales.
Las delegaciones de Haití y Jamaica señalaron que el problema de las drogas es importante, pero que la amenaza real de un conflicto violento -alimentada por la abundante oferta de armas de fuego- es mucho mayor.
Se estima que las armas que se utilizaron en 1990 en el golpe de estado de Jamaat al Muslimeen en Trinidad y Tobago, donde murieron unas 40 personas, ingresaron por vía legítima desde Estados Unidos.
Solo existe un acuerdo preliminar sobre la estrategia para reducir el tráfico de armas de fuego y evitar su uso, pero se teme que Estados Unidos reste importancia al asunto para concentrarse en el problema del tráfico de drogas.
Sin embargo, hubo consenso sobre el uso de la Comisión de Seguridad del Caribe como instrumento para intercambiar propuestas sobre el tráfico de armas.
Existe un plan para que el organismo brinde un informe anual a los encargados regionales sobre el problema y trabaje junto a la Organización de Estados Americanos (OEA) para formular nuevos proyectos, declaró un funcionario.
Estados Unidos proyecta aumentar la ayuda para la capacitación del personal de la región y participar en proyectos conjuntos para evaluar la situación y mejorar los sistemas administrativos relacionados con la localización y valuación de armas de fuego, municiones y explosivos incautados.
A cambio, el Caribe haría cumplir las normas existentes sobre la importación y exportación de armas, adoptaría normas para la armonización de la documentación de importación y exportación y aseguraría la plena cooperación de toda la región en procedimientos que impidan el ingreso de armas ilegales.
Estados Unidos también propuso un sistema para identificar correctamente las armas de fuego que ingresen a la región y la creación de procedimientos para prohibir la reexportación de armas sin el consentimiento del país de origen.
En cuanto al narcotráfico, las autoridades de Estados Unidos son críticas sobre el estado de cosas en la región. Existe la impresión de que el Caribe se está quedando atrás en relación a las expectativas del gobierno de Washington sobre el problema, señaló una fuente de la conferencia.
Estados Unidos propuso también un programa para reducir la demanda dirigido a niños en edad escolar, vistos como "muy vulnerables a las drogas adictivas". Los representantes de Washington destacaron que piensan lanzar una campaña de 5.500 millones de dólares con este objetivo en su país.
Así mismo, los enviados de Clinton expresaron su preocupación por la lentitud de la liberalización económica de la región ya que, aunque varios países del Caribe están eliminando los monopolios, éstos persisten en el sector de las telecomunicaciones.
Washington propuso brindar asistencia técnica para que los países caribeños establezcan organismos reguladores independientes, redefinan sus aranceles y adopten políticas globales de servicio.
La tarea no será fácil, ya que los monopolios de las telecomunicaciones están firmemente arraigados en las leyes de la región, desde Jamaica hasta Guyana.
Para Estados Unidos, el asunto es crucial para mantenerse al día con el progreso de la tecnología, pero para los países caribeños, se trata de un dilema político. (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/aq-ml/ip-if/97
