Organizaciones campesinas de América Central aseguran que en el istmo se está produciendo una reconcentración de la tierra y una reversión de los procesos de reforma agraria con los cuales los gobiernos intentaron, décadas atrás, conjurar el estallido social.
En El Salvador las deudas están ahogando a los productores y obligándolos a vender sus tierras, afirmó la dirigenta de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios Ana Castillo, mientras el cooperativista y diputado sandinista Jorge Martínez sostuvo que una situación similar ocurre em Nicaragua.
En Guatemala, Consuelo Cabrera, de la Coordinadora Nacional de Pequeños y Medianos Productores (Conampro), asegura que 98 por ciento de la población campesina no tiene tierra o la que posee no es cultivable, en tanto que dos por ciento de la población concentra grandes extensiones.
Según Martínez, entre 1980 y 1990 el gobierno sandinista nicaragüense entregó 2,3 millones de hectáreas a 120.000 familias campesinas.
Para hacer la reforma, el Ejecutivo izquierdista expropió a los grandes propietarios, lo que generó un conflicto por la posesión aún inconcluso.
En el período de gobierno de Violeta Chamorro (1990-1996) otras 400.000 hectáreas fueron entregadas a desmovilizados del Ejército y de los contrarrevolucionarios de la "contra".
Pero ahora, dijo el diputado sandinista, en Nicaragua se da un proceso de recompra de tierras por parte de sus ex dueños, debido a que los nuevos propietarios enfrentan grandes deudas.
De esta forma, el campesinado ha perdido en los últimos años 650.000 hectáreas.
Bajo la gestión de Chamorro fueron devueltas más de 200.000 hectáreas a sus antiguos propietarios, al igual que 200 empresas industriales.
Martínez dice que el Frente Sandinista avala una propuesta del Centro Carter de Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para indemnizar a los ex propietarios y establecer la imposibilidad de devolver esas tierras.
Aseguró que la reforma sandinista dejó en manos del campesinado el 40 por ciento de las tierras agrícolas. Ahora poseen 32 por ciento.
La queja de las organizaciones campesinas centroamericanas es que la apertura política no ha sido acompañada de una apertura económica en favor de ese sector de la población, que sigue sin acceso al crédito, a la tecnología y a los mercados.
Castillo considera que los campesinos están excluidos de la reforma económica regional.
"Muchos de los que tienen tierra no la pueden trabajar, porque no pueden tener crédito, ni tecnología, y deben pagar insumos muy caros, con lo cual la producción es carísima y no resulta competitiva", indicó la dirigenta salvadoreña.
A esa situación de encarecimiento y a la paralización de los pequeños productores por la falta de herramientas básicas atribuyen los dirigentes campesinos el hecho de que la región haya quintuplicado sus importaciones de granos en sólo seis años.
Según datos de la Asociación de Organizaciones Campesinas Centroamericanas, en 1996 los países del área importaron 600.000 toneladas de granos básicos, contra 90.000 en 1990.
Castillo señaló que 450.000 familias campesinas salvadoreñas no poseen tierra, 57 por ciento de la población rural.
El problema no es menos grave en Guatemala. Según Consuelo Cabrera, 98 por ciento de la población campesina carece de tierra o la que posee no es cultivable. Guatemala, que en 1996 terminó una guerra interna de tres décadas, tiene un índice de pobreza de 70 por ciento.
Las organizaciones campesinas llevan adelante una política de invasión de fincas, para obligar al gobierno a comprarlas y repartirlas entre pequeños parceleros.
En total, dijo Cabrera, en Guatemala habría 300 fincas tomadas, todas ellas de más de mil hectáreas de extensión.
La estrategia de la ocupación de tierras ha tenido escaso éxito, porque en 1996 sólo fueron compradas cinco o seis fincas, relató.
La población campesina guatemalteca, la mayoría de origen indígena, busca también medios para incidir en el poder y en la construcción del nuevo Estado multilingüe y pluricultural establecido en los acuerdos de paz de diciembre pasado.
"De punta a punta, Centroamérica está tensada por un problema de siglos, el derecho a la tierra", señala una publicación de la Asociación de Organizaciones Campesinas Centroamericanas.
En Honduras, 300.000 familias demandan una parcela. En Panamá los problemas tienen que ver con escasa infraestructura de apoyo a la producción, altos costos de insumos y de comercialización.
En Costa Rica, según dirigentes de la Mesa Campesina, el problema mayor no radica en la tenencia de la tierra sino en ponerla a producir. (FIN/IPS/mso/dg/if-pr/97)
