La Unión Europea (UE) estimó hoy que la ayuda humanitaria debe distribuirse en Ruanda sin distinciones entre los propios refugiados y los miembros de las milicias armadas.
Emma Bonino, comisaria de la UE para Asuntos Humanitarios, negó que el bloque regional haya criticado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por prestar ayuda a las milicias hutus en el campamento de Tingi Tingi, en Zaire Oriental.
"No nos corresponde a nosotros ser jueces", dijo Bonino durante una rueda de prensa en Ginebra.
Por el contrario, las organizaciones humanitarias tienen que "ayudar a la gente que se encuentra en la desgracia, sin detenerse ante el hecho de que sean o no criminales o genocidas".
Bonino tuvo críticas para los rebeldes banyamulengues que combaten al régimen zaireño porque desde septiembre pasado, cuando se produjo el levantamiento guerrillero, no permiten el acceso a algunas zonas de la región de Kivu.
Los banyamulengues, de ascendencia tutsi originarios de Ruanda, se asentaron desde el siglo pasado en las zonas orientales de Zaire. En la actualidad sostienen a la Alianza de Fuerzas Democráticas por la Liberación del Congo-Zaire (ADFL), que combate al régimen de Kinshasa.
Como consecuencia de la guerra civil de Ruanda en 1994, que causó el genocidio de unas 500.000 personas, en su mayoría tutsis, en Zaire se encuentran aún unos 370.000 refugiados ruandeses.
Los ruandeses refugiados en Zaire son sobre todo hutus, como los principales acusados del genocidio de 1994. Muchos de los refugiados hutus forman parte de la milicia clandestina que permanece armada en los campamentos.
Por otra parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Refugiados, Sadako Ogata, rechazó acusaciones del gobierno de Zaire de haber abandonado a los refugiados ruandeses y de ser responsable de la matanza de 25.000 personas.
Ogata afirmó este lunes en Ginebra que las acusaciones de Kinshasa carecen de fundamento.
El gobierno de Zaire expulsó la semana pasada a 11 empleados de la ONU, entre los que figuraban cuatro funcionarios del ACNUR.
La decisión gubernamental fue adoptada después que las organizaciones humanitarias abandonaron, por razones de seguridad, los campamentos de Tingi Tingi y de Kisangani.
Ogata señaló que la expulsión fue "injusta e injustificada". Agregó que las acusaciones contra el ACNUR "por la muerte de 25.000 personas carecen de fundamento".
La organización para los refugiados dijo que no tiene noticias dde una matanza de 25.000 ruandeses ocurrida en los primeros días de marzo.
Los funcionarios del ACNUR se aprestan a regresar a los campamentos de Zaire. Dos de sus empleados ya viajaron el domingo a Kisangani y una misión de evaluación llegará este martes a Ubundu, a 100 kilómetros al sur de Kisangani.
Una fuente del Programa Alimentario Mundial (PAM) declaró que los refugiados continúan llegando por centenares a Ubundu.
"Se encuentran en pésimas condiciones y falta víveres y medicinas", precisó Christiane Berthiaume, vocera del PAM en Ginebra. (FIN/IPS/pc/dg/pr-ip/97
