Hace tres años, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firmó una orden que exigía a varios organismos federales tomar las medidas necesarias para terminar con la "injusticia ambiental". Pero las comunidades indígenas siguen quejándose de "racismo tóxico".
Hace ocho meses, un grupo de indígenas estadounidenses impidió el paso de miles de millones de litros de ácido sulfúrico que iban a ser vertidos en una mina de cobre en una reservación de indígenas chippewas en Wisconsin.
El ácido era trasladado en tren desde Texas por la compañía canadiense INMET para extraer cobre de la mina.
Walt Bresette, chippewa de la reservación Red Cliff que había sido designado por un comité federal para asesorar al gobierno sobre racismo ambiental, calificó al plan minero de "terrorista".
Fue el primer presidente del subcomité indígena del Panel Asesor Nacional de Justicia Ambiental -cargo que es resultado directo de la 'orden ejecutiva' firmada por Clinton en febrero de 1994.
La orden exige que 13 organismos federales, incluyendo a los Departamentos de Energía y Transporte, tomen medidas para evitar la injusticia ambiental.
Bresette y otros activistas sostienen que la orden tuvo un efecto burocrático.
Cuando los vagones comenzaron a llegar con ácido sulfúrico en julio, Bresette exigió una investigación federal sobre las violaciones del tratado de 1842 entre los chippewa y el gobierno federal que garantiza los derechos de subsistencia a la tribu.
Señaló que los residuos de ácido de la mina y la contaminación del aire provocada por una fundición son ejemplos claros de "racismo tóxico".
Durante 40 años, los residuos mineros envenenaron el río Mineral, fuente tradicional de agua y pesca para la tribu chippewa.
Cuando la investigación no se llevó a cabo, Bresette y otros activistas se sentaron sobre las vías férreas a principios de julio para evitar que el ácido ingresara a la reservación. Bresette acudió a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en Chicago para exigir una audiencia.
En octubre, luego que Bresette renunciara a su cargo como asesor gubernamental, EPA tomó la decisión de suspender el permiso de explotación minera mientras se realizaba un "análisis ambiental".
"El problema con la orden ejecutiva de Clinton es que es sólo una expresión de deseos y no una ley", sostuvo Clarisse Gaylord, directora de la oficina de justicia ambiental en EPA.
Gaylord afirma que su trabajo puede ser frustrante como en el caso de la Universidad de la Nación Indígena Haskell en Kansas.
El verano boreal pasado, Gaylord convenció al Departamento de Transporte que no construyera una carretera porque violaría los valores espirituales y culturales de la comunidad indígena local. El cuerpo de ingenieros del ejército rechazó el acuerdo y decidió llevar a cabo el plan original.
Es por ello que Bresette no confía en la orden ejecutiva.
"Entre la política de Washington y el poderío económico de Wall Street, el racismo ambiental siempre prevalece", sostiene.
Gaylord, que también está a cargo de problemas de las comunidades de asiáticos, latinoamericanos y afroamericanos, mantiene las esperanzas.
"Sin la orden ejecutiva, podría haber sido imposible negociar con el Departamento de Transporte en Kansas en primer lugar", sostuvo.
Pero la oficina recibe gran cantidad de pedidos.
En el norte de Arizona, la compañía Peabody extrajo carbón durante décadas en la tierra de los navajos y hopis, sacando enormes cantidades de agua del desierto.
Una comunidad de indígenas estadounidenses en Virginia solicitó ayuda porque el gobierno estatal pretende construir una represa sobre un río local. La tribu Eyak en Alaska quiere expulsar a una compañía maderera de su tierra tradicional.
En el valle Ward del sur de California, la compañía U.S. Ecology piensa verter residuos nucleares de bajo nivel radiactivo cerca de tierras pertenecientes a las tribus indígeneas del río Colorado, los mojaves, chemehuevis, quechans y cocopas.
EPA apoya a las tribus, pero el gobernador Pete Wilson entabló una demanda para que la compañía pueda volcar los residuos peligrosos.
La comunidad indígena estadounidense no termina de organizarse para ayudar a la oficina de Gaylord.
Meses después que Bresette renunció a su cargo, el subcomité indígena designó a Jean Gamache, de Alaska, para reemplazarlo. En febrero, dos meses después que fue designada, Gamache renunció.
En menos de un año, se está buscando a una tercera persona para asumir el cargo.
EPA tiene una oficina para enfrentar la injusticia ambiental. Otros organismos federales como el Pentágono y el Departamento de Energía tienen personal que se reúne cada dos meses para discutir los temas en común.
Uno de los éxitos de EPA fue convencer a la Autoridad de Aviación Civil (CAA) de no extender las pistas de aterrizaje del aeropuerto Logan en Boston hacia una zona predominantemente afroestadounidense.
Activistas como Bresette no piensan que los nuevos comités, planes y negociaciones cambien las cosas para su pueblo.
"La idea es buena, pero la burocracia se interpone", afirma. "No creo que las personas no indígenas entiendan el tema de nuestra soberanía". (FIN/IPS/tra-en/pc/yjc/aq-jc/en-pr/97
