El estado mexicano de Chiapas está al borde del "incendio total", advierten religiosos y grupos humanitarios luego que en los últimos 20 días alrededor de 20 personas murieron en esa zona en episodios originados por problemas agrarios y políticos.
"En Chiapas hay más signos de represión y bloqueo a soluciones negociadas", señaló este jueves el Centro de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, que preside el obispo de Chiapas, Samuel Ruiz.
Mientras la violencia recrudece, mediadores del Congreso buscan reestablecer los diálogos directos entre la guerrilla zapatista y el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, suspendidos en septiembre pasado.
Las partes se acusan de intolerancia. El gobierno afirma que está dispuesto a regresar al diálogo y promete que nunca acudirá a las armas para terminar con el conflicto, en tanto la guerrilla denuncia la militarización, acusa a las autoridades de violar sus compromisos y advierte que se prepara un ataque en su contra.
La guerilla zapatista afirma que el rechazo del gobierno a un proyecto de ley sobre derechos indígenas, preparado por los mediadores del Congreso al tenor de un acuerdo firmado en febrero de 1996, demuestra que no se toma en serio el proceso de negociación.
El Centro de Derechos Humanos Augstín Pro advierte que Chiapas vive ahora una situación de violencia extrema debido a la ausencia de negociaciones, la creciente militarización y la presencia de grupos armados irregulares vinculados al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En la zona norte de Chiapas, donde se registran el mayor número de conflictos agrarios, se vive hoy "una verdadera guerra" y existe persecución contra la Iglesia y los indígenas opositores al PRI, sostiene el sacerdote Heriberto Cruz, párroco de una zona campesina.
El gobierno federal y el estatal afirman que hacen lo necesario para reestablecer el orden en el conflictivo estado, pero la violencia continúa.
El gobierno de Chiapas tiene preferencia "por usar mecanismos que propician la confrontación y no la reconciliación, privilegia la violencia por encima del diálogo y la negociación", sostiene el Centro de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.
Desde febrero de 1994, cuando se inciaron los acercamientos entre la guerrilla y las autoridades, unos 1.600 indígenas fueron asesinados y se produjeron más de 2.000 invasiones de tierras.
"Chiapas está dividida y fragmentada, persisten los sentimientos de odio, fruto de la impotencia ante las injusticias y la aprobación de las armas como método de lucha", señala un documento de la Iglesia Católica.
Datos oficiales indican que de los 7,5 millones de hectáreas del estado tres millones están en manos de 6.000 familias de mestizos. El resto, en su mayoría tierras erosionadas, pertenecen a más de un millón de indígenas.
A los problemas agrarios del estado sureño, fronterizo con Guatemala, se agregan conflictos religiosos y políticos y un alto grado de delincuencia.
"En Chiapas cada día se agudiza el caos, la vida en el estado se caracteriza por la represión y la violencia", afirma el Frente Zapatista de Liebración Nacional, uno de los brazos civiles de la guerrilla. (FIN/IPS/dc/dg/ip/97)
