La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) condenó este miércoles la ocupación de la residencia del embajador de Japón en Lima, Perú, y "la toma de rehenes por elementos terroristas".
El presidente de la Comisión, el embajador checo Miroslav Somol, firmó la declaración que expresa solidaridad con los gobiernos de Perú y de Japón, los rehenes y sus familiares.
La declaración, que obtuvo consenso de los 53 países miembros de la Comisión, recordó que el organismo ha condenado repetidas veces y de manera firme la toma de rehenes "como un acto tendiente a la destrucción de los derechos humanos".
El texto aprobado apoya el esfuerzo de los gobiernos peruano y japonés para resolver el problema de manera pacífica y alienta la continuación de las conversaciones entre el interlocutor del gobierno peruano y el grupo guerrillero.
La residencia del embajador japonés fue ocupada el 17 de diciembre último por un comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que irrumpió en el edificio mientras se realizaba una fiesta de celebración del cumpleaños del emperador de Japón.
De los 600 invitados capturados inicialmente, entre los que figuraban familiares estrechos del presidente peruano Alberto Fujimori, sólo quedan ahora 72 rehenes de nacionalidades peruana y japonesa.
El embajador de Perú ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, José Urrutia, admitió que Lima y Tokio habían promovido la aprobación de la declaración de condena a la toma de rehenes.
La Comisión de Derechos Humanos era el organismo de la ONU más adecuado para pronunciarse sobre una situación claramente violatoria de los derechos fundamentales, dijo Urrutia.
Junto con la embajada de Japón en Ginebra, "pensamos que podíamos colaborar con el presidente Somol sugiriendo algunos elementos para la redacción de la declaración", explicó el diplomático peruano.
La declaración se basa en pronunciamientos similares anteriores del presidente de turno del Consejo de Seguridad de la ONU, del Grupo los Siete más Rusia, de todos los ministros de Relaciones Exteriores asiáticos y también los de la Unión Europea.
Otro antecedente especial, precisó Urrutia, fue la resolución de condena aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos recibió esos elementos y presentó un texto que fue consultado con diferentes grupos regionales.
El texto de consenso refleja claramente el sentimiento de la Comisión, "la condena vigorosa de una acción que afecta a la comunidad internacional", indicó Urrutia.
El comando del MRTA reclama la liberación de los militantes de la organización que se encuentran detenidos en cárceles peruanas. (FIN/IPS/pc/ag/hd/97)
